El texto, defendido por los liberales de Venstre, el partido del primer ministro Lars Løkke Rasmussen, será debatido en sesión pública y luego en comisión, antes de un voto previsto para el 26 de enero.
Este proyecto de ley, considerado por algunos como una medida de justicia social y por otros como un impuesto a la misera, otorgaría a la policía el poder de "confiscar bienes que traen consigo los refugiados, para cubrir sus gastos por alimentación y alojamiento".
En una primera versión, se establecía que los migrantes podrían conservar el equivalente a 3.000 coronas danesas (unos 400 euros o 430 dólares).
Pero, ante las protestas que levantó este proyecto de ley, sobre todo en el extranjero, la ministra de Inmigración e Integración, Inger Støjberg, presentó una nueva versión la semana pasada, aumentando este monto a 10.000 coronas.
No obstante, el fondo del texto sigue siendo el mismo. "En Dinamarca, si uno puede arreglárselas solo, lo hace. Es un principio que debe aplicarse también a los solicitantes de asilo", dijo Støjberg.
El proyecto cuenta con el apoyo del Partido Popular danés (DF), una formación euroescéptica y anti-inmigración que influye en la política danesa desde hace quince años y que asegura una mayoría parlamentaria a la derecha desde las elecciones de junio 2015.
Otros dos movimiento de la mayoría, los conservadores y la Alianza Liberal, exigen que se exluya de los bienes confiscados las joyas y otros bienes con un valor sentimental para sus dueños.
La ministra los escuchó y excluyó los "bienes de uso personal, como relojes y teléfonos móviles", así como "anillos de boda o compromiso, retratos de familia o medallas".
Los socialdemócratas exigen las mismas garantías.
No obstante, los otros partidos de izquierda rechazan el proyecto y acusan a la derecha de querer hacer pagar a los refugiados los recortes de impuestos prometidos.
"Humillados, despreciados, insultados, despojado de los últimos bienes que pudieron rescatar de sus viviendas devastadas, se llevará a los refugiados a preguntarse si no habría sido mejor que mueran ahogados", escribió el 8 de enero el escritor danés Carsten Jensen en el diario sueco Dagens Nyheter.
Para Juel Frandsen, portavoz del Consejo de Refugiados daneses (DFH), "la medida es más que nada simbólica". "De lo que sabemos, son pocos lo que transportan bienes de valor", estima.
En el centro de refugiados de Auderod, a 60 km al noroeste de Copenhague, la mayoría de migrantes entrevistados por la AFP se sorprenden de que les quieran quitar un patrimonio que no tienen.
"Debo 7.000 euros (que pedí prestado) para poder venir aquí", explica Farhad Moradi, un estudiante kurdo de 22 años.
Tarek Issa, una estudiante de 25 años originaria de Siria, cuenta que su familia tuvo que vender todos sus bienes, "nuestra casa, nuestro restaurante", para financiar su exilio. A ella, la policía danesa le podría confiscar "quizás 100 euros", dice.
En una entrevista reciente con la AFP, Martin Henriksen, portavoz de DR, admite que las confiscaciones no bastarían para financiar la manutención de los solicitantes de asilo. Se trata, según él, de una "señal" para convencerlos de que no vengan a Dinamarca.
Dinamarca, con 21.000 solicitudes de asilo en 2015, es uno de los países de la Unión Europea que más solicitudes ha recibido, en relación a su población (5.4 millones de habitantes), detrás de Finlandia, Austria, Alemania y Suecia, que recibió 163.000.
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