Para estos últimos, Copenhague busca hacer menos atractivo el país para los demandantes de asilo, exigiéndoles que entreguen parte de sus pertenencias de valor y recortando el derecho de reagrupación familiar al que tienen acceso los refugiados.
Después de una primera sesión hace 10 días, el parlamento danés se reunió de nuevo este jueves para analizar el texto, después de que un parlamentario de izquierda solicitara una modificación marginal de un artículo.
Tras rechazar la petición de enmienda de manera expedita, el parlamentó siguió con el programa del día.
Desde que fue presentado en diciembre por la ministra de Inmigración e Integración, Inger Støjberg, el proyecto de ley ha sido modificado para hacer frente a las críticas y conseguir que lo apoye la mayoría de diputados.
El proyecto será votado el 26 de enero, en una ronda que se prevé fácil después de que el lunes el primer ministro liberal, Lars Lokke Rasmussen, quien gobierna en minoría, fraguara pactos con sus socios y con otras formaciones.
El martes, los partidos del gobierno -formado por los liberales de Venstre y sus socios de derecha, el Partido Popular Danés, la Alianza Liberal y el Partido Popular Conservador- alcanzaron un acuerdo con los socialdemócratas, principal partido de oposición.
Por mera coincidencia, el ministro de Relaciones Exteriores danés, Kristian Jensen, acudirá este jueves a Ginebra para una audiencia general sobre política y derechos humanos en su país, un procedimiento ordinario al que están sujetos periódicamente los 193 estados miembros de Naciones Unidas.
La ley alimenta "el miedo y la xenofobia", según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Si finalmente se adopta el texto, la policía podrá registrar a los migrantes y confiscarles el dinero que exceda los 10.000 coronas danesas (1.340 euros), así como los objetos cuyo valor sea superior a 10.000 coronas.
Los migrantes podrán sin embargo conservar los bienes "con valor afectivo especial", como joyas, medallas o retratos de familia.
Sin embargo, la principal crítica de las instituciones internacionales y las organizaciones de defensa de los derechos humanos versa sobre el endurecimiento de los mecanismos y plazos para la reagrupación familiar, que extiende de un año a tres el plazo para que un demandante de asilo pueda solicitar que su familia viaje al país de acogida.
La subdirectora de la ONG Amnistía Internacional, Gauri van Gulik, considera que esta reforma supone una "discriminación" contra de un tipo de migrantes como los refugiados, especialmente vulnerable.
Dinamarca, con 21.000 solicitudes de asilo en 2015, es uno de los países de la Unión Europea que más peticiones ha recibido, en relación a su población (5,4 millones de habitantes), detrás de Finlandia, Austria, Alemania y Suecia, que recibió 163.000.
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