Piden cuatro años de prisión y seis de inhabilitación para el maquinista del Alvia

El Ministerio Fiscal ha solicitado este martes la apertura de juicio oral contra el maquinista del tren Alvia siniestrado en Angrois el 24 de julio de 2013, en el que perdieron la vida 80 personas.

Para el único acusado por el siniestro pide cuatro años de prisión, y seis de y fija en más de 42,89 millones la indemnización para las víctimas del siniestro.

Así lo recoge el escrito de acusación presentado este martes por el Fiscal, Antonio Roma, ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que instruye la causa abierta tras el siniestro y cerrada por el magistrado Andrés Lago el pasado 7 de octubre con el maquinista como único imputado.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal hace referencia a la cualificación profesional del maquinista, así como al hecho de que la vía, en todo su trazado, disponía de un sistema de seguridad Asfa, así como el sistema ERTMS nivel 1 excepto en su extremo inicial y en las inmediaciones de Santiago, donde se produjo el siniestro.

También menciona que el vehículo contaba con la homologación y revisiones precisas para circular y a que el sistema ERTMS embarcado había sido desconectado en junio de 2012 por incompatibilidades.

En lo relativo al día de los hechos, el Ministerio Fiscal apunta a datos que "evidencian una conducción desatenta en el trayecto" desde que el acusado tomó los mandos del convoy, como el registro de una "bajada brusca de velocidad" a las 20.10 horas del 24 de julio de 2013 y la activación del freno 'hombre muerto' a las 20.15 horas y a las 20.17 horas.

Entre otras incidencias, apunta a la detección de un exceso de velocidad a las 20.29 horas de ese día -por el sistema Asfa- y a otro aviso semejante a las 20.30 horas, al tiempo que, indica, el maquinista atendió una llamada a las 20.17 horas.

También hace referencia la Fiscalía en su escrito a la llamada "inadecuadamente extensa" que el acusado estaba atendiendo en los momentos anteriores al siniestro, la que realizó a las 20.39 horas el interventor del tren y que se mantuvo durante 100 segundos.

Para Antonio Roma, el maquinista debía conocer por su experiencia la necesidad de "concentrar su atención" en el tramo en el que se encontraba, en el que se produce una reducción de velocidad de 200 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora antes de que la vía entre en la curva de A Grandeira.

"El acusado omitió la mínima atención de sus deberes profesionales al permanecer atento al contenido de una llamada que en ese momento era inadecuadamente extensa", recoge el escrito del fiscal.

De hecho, el fiscal asegura que el maquinista "omitió observar" varias señales que informaban de la proximidad al cambio de velocidad en este periodo de la llamada.

A pesar de activar el frenado de servicio a las 20.40.58 horas y el freno de emergencia a las 20.40.59 horas, la reducción de velocidad del tren desde los 200 kilómetros por hora a los que viajaba a los 179,38 kilómetros por hora no impidió que descarrilase a su paso por la curva de A Grandeira, en Angrois.

Como consecuencia de estos hechos, el fiscal considera al maquinista autor de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional en relación a los 80 fallecidos en el siniestro, y de 144 delitos de lesiones relativos a los heridos. Paralelamente, lo acusa de un delito de daños.

Además de las víctimas mortales y heridos, Fiscalía recoge desperfectos en la estructura ferroviaria titularidad de Adif por valor de 1.368.081 euros.

Por ello, el fiscal solicita para el acusado una pena de cuatro años de prisión, así como inhabilitación especial para la profesión de maquinista de ferrocarriles durante seis años.

Además el fiscal solicita que las indemnizaciones por las víctimas mortales asciendan hasta los 32.356.484 millones de euros en conjunto, mientras que para los lesionados sean 10.542.478 euros.

Asimismo, reclama que se sufraguen a todos los perjudicados por lesiones los gastos médicos derivados del siniestro, la rehabilitación, fisioterapia, tratamiento farmacológico o asistencia psicológica que se acredite, así como el transporte y manutención relacionado con sus tratamientos y cualquier otro gasto relacionado con los hechos.

Finalmente, pide para el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias una indemnización de 1.368.081 euros por los daños y desperfectos generados en la vía.