Madrid, 18 jul.- La Fundación Raíces ha reclamando hoy que se anulen todos los casos en los que la Fiscalía ha decretado la mayoría de edad de inmigrantes a pesar de que portaban documentos oficiales de los países de origen que acreditaban que eran menores.
La Sala Civil del Tribunal Supremo ha establecido hoy que no es legal someter de manera indiscriminada a pruebas médicas a todos los inmigrantes para verificar la edad cuando sus documentos demuestren que son menores, como pasaportes.
En declaraciones a Efe, la presidenta de esa fundación, Lourdes Reyzábal, ha pedido también que la Fiscalía derogue inmediatamente la circular en que se daban instrucciones para realizar tales pruebas para determinar la edad.
El 30 de abril, Raíces denunció, con un informe sobre 40 casos reales, que la Fiscalía General del Estado no reconocía la validez, de manera sistemática, de los pasaportes y partidas de nacimiento de los menores procedentes de Marruecos o el África Subsahariana que llegan solos a España.
Esto significa, según Reyzábal, que estas personas quedaban fuera del sistema de protección y atención a la infancia por tutela de los organismos competentes (las comunidades en este caso), si se decretaba que eran mayores de edad por las pruebas médicas.
Al mismo tiempo, se encontraban en un "limbo", ha explicado porque sus documentos seguían diciendo que son menores y, por tanto, necesitan un tutor o representante legal.
Reyzábal ha indicado que la ley de extranjería sólo prevé las pruebas si son inmigrantes indocumentados, pero el Ministerio Fiscal "se lo ha estado saltando".
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