Piden procesar a activista y exguerrillero por ocupación del Supremo uruguayo

Montevideo, 18 sep.- Un fiscal uruguayo pidió procesar a la activista Irma Leites y al exguerrillero Jorge Zabalza tras la ocupación por la fuerza de la Corte Suprema en febrero pasado por unos manifestantes que rechazaban el traslado de una juez que conocía causas penales de la dictadura (1973-1985), se informó hoy.

Leites es dirigente de la organización Plenaria Memoria y Justicia, que a través de su página de Facebook convocó hoy para este jueves una manifestación en Montevideo contra la solicitud de procesamiento realizada en las últimas horas por el fiscal Gustavo Zubía.

Por su parte, Zabalza formó parte de la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, que combatió a varios gobiernos constitucionales en los años sesenta y setenta del siglo pasado, fue neutralizada por la dictadura y que tuvo entre sus líderes al actual presidente uruguayo, José Mujica.

"Decimos No! A frenar la impunidad. A rodear a los compañeros" reza la convocatoria en la red social de Plenaria Memoria y Justicia, una asociación que lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden durante el régimen dictatorial.

De esta forma, esa organización responde a la petición del fiscal Zubía contra Leites y Zabalza, la cual incluye también a otras cinco personas.

Las siete deberán presentarse a declarar en una comparecencia que promete ser agitada por la manifestación de rechazo convocada para entonces por Plenaria Memoria y Justicia.

Leites fue procesada y condenada en el pasado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por realizar pintadas de agravio contra el sistema judicial en 2005, aunque luego fue absuelta en 2009.

Fuentes del caso indicaron al diario uruguayo El País que el fiscal ha pedido enviar a la cárcel para su procesamiento a Leites y Zabalza, así como al activista ambiental Álvaro Jaume y la profesora Patricia Borda.

A los cuatro los acusa del delito de atentado agravado mientras que los tres restantes podrían ser procesados sin prisión por su complicidad en la ocupación de la SCJ.

La ocupación tuvo lugar el pasado 15 de febrero, cuando decenas de manifestantes irrumpieron por la fuerza en la sede del Tribunal Supremo para protestar contra el traslado de la jueza Mariana Mota a un juzgado civil desde uno penal en el que tenía a su cargo 50 expedientes de la dictadura militar (1973-1985).

Durante la acción de protesta hubo empujones, forcejeos e insultos entre varios manifestantes y una veintena de policías que desalojaron el recinto para que se realizara la ceremonia en que Mota asumió la titularidad del tribunal civil.

Uno de los magistrados de la SCJ, Jorge Chediak, justificó entonces el traslado de Mota por los "antecedentes" de la jueza, a la que "le habían sacado varias tarjetas amarillas", afirmó.

Mota participó en 2011 en la Marcha del Silencio, una multitudinaria manifestación que se realiza cada mes de mayo en Montevideo y en la que miles de personas portan velas y caminan en silencio en memoria de los desaparecidos durante la dictadura.

Por ese episodio, en el que Mota asegura que no marchó con el resto de manifestantes, la magistrada fue objeto de una investigación administrativa.