Agentes del Cuerpo Nacional de Policía ha destapado siete fraudes a la Seguridad Social que suman un importe superior a cuatro millones de euros en la provincia de Málaga y han detenido a 15 personas que pertenecían a empresas de hostelería, restauración, liderazgo empresarial o geriátricos. Uno de los arrestados desviaba dinero de una empresa concursada judicialmente a otra de su propiedad, mientras que otro de ellos acumulaba deuda intencionadamente en su compañía, pero se quedaba siempre al límite de lo que la ley determina como delito, ha informado este viernes en un comunicado la Comisaría Provincial de Policía en Málaga, según Efe.
La investigación se inició en septiembre de 2019 a raíz de varias denuncias que señalaban irregularidades cometidas en diversas empresas de Málaga y la localidad malagueña de Fuengirola. Los empresarios no pagaban los seguros sociales de sus trabajadores y, con el estudio de la documentación, los agentes observaron que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar el cobro a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los presuntos autores -que eran los administradores, testaferros y algunos trabajadores de las entidades- crearon para evitar estos pagos sucesiones empresariales opacas y sociedades pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las mercantiles investigadas. Entre los detenidos se encuentran también trabajadores de las empresas que figuraban en conveniencia y familiares de los detenidos que actuaban como testaferros de éstas. Todos ellos han sido imputados por los presuntos delitos contra la Seguridad Social en cuanto al fraude de cotizaciones, y frustración a la ejecución e insolvencia punible.
El administrador de una de las empresas mercantiles, con el concurso de acreedores concedido judicialmente, desvió durante tres años casi 185.000 euros a otra entidad de su propiedad creada específicamente para ello, según la Policía, un día después de solicitar el procedimiento concursal.
El investigado creó otra empresa para utilizarla como sociedad patrimonial y compró 14 vehículos diferentes para una mercantil que nunca tuvo trabajadores. La deuda de esta empresa con la Tesorería ascendió a 232.794 euros y el empresario, con el fin de ocultarse de la Administración, nombró a una de sus trabajadoras afines como administradora, con lo que se convirtió en testaferro aunque carecía de poder y mando alguno.
Otro de los empresarios investigados para evitar que se descubriera el delito cuando se acercaba su deuda con la Seguridad Social a los 50.000 euros -limite objetivo que marca el código Penal como delictivo- montaba otra empresa limpia de deudas con la que continuaba con la misma actividad.
En este caso llegó a defraudar a la Seguridad Social 450.000 euros mediante el impago de seguros sociales y utilizaba a otras personas, como su propia pareja, como testaferro.
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