Los portavoces municipales de Pamplona aprueban por mayoría su rechazo a la inhumación de Sanjurjo con honores oficiales

  • Los portavoces de los grupos municipales de Pamplona han acordado este lunes por mayoría "mostrar su rechazo a la inhumación de José Sanjurjo con honores oficiales y presencia de miembros del Ministerio de Defensa, y solicita que se esclarezcan los hechos y se depuren las responsabilidades políticas oportunas".
EUROPA PRESS
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Asimismo, se denuncia "la humillación que supone este acto de exaltación del genocidio franquista para las víctimas del franquismo, y considera necesario que la Fiscalía actúe en defensa de las víctimas". En tercer lugar, se "solicita al Arzobispado de Pamplona que aclare su papel en la custodia de los restos de Sanjurjo posterior a su exhumación de la cripta de los caídos".

En un cuarto punto se "considera imprescindible que todos los poderes públicos y el conjunto de las Administraciones Públicas cumplan en su integridad la Ley de Memoria Histórica, aportando para ello la financiación necesaria".

Por último, ha aprobado "enviar este acuerdo al Ministerio de Defensa español y a la fiscalía para que surta los efectos oportunos, además de a los municipios pertenecientes a la Red de Ciudades por la Memoria para su conocimiento".

El texto recoge en su preámbulo que "el Ayuntamiento de Pamplona, previo acuerdo del Pleno y en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, exhumó los restos de José Sanjurjo del denominado Monumento a los Caídos, después de que los tribunales rechazaran los recursos interpuestos por la familia del general golpista en contra de esa resolución".

"Tras ser exhumados, y tal como han desvelado ciertos medios de Melilla, los restos del general Sanjurjo fueron llevados a la Ciudad Autónoma por una delegación de alto rango del Ministerio español de Defensa. La ceremonia de inhumación fue efectuada el pasado 23 de marzo con honores militares en el Pabellón de Héroes de Regulares del Cementerio de Melilla, presidida por las autoridades civiles y militares de Melilla, y, al parecer, con los gastos a cargo del erario público", añade.

Según continúa, "esta actuación, si además, tal como apuntan las informaciones hechas públicas, se ha sufragado con dinero público, tiene difícil encaje en la Ley de Memoria Histórica, máxime cuando la nula financiación para el desarrollo de la misma impide que miles de ciudadanos asesinados en el golpe de estado del 36 y la dictadura franquista sean desenterrados de las fosas comunes".

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