Sigue la guerra en la SGAE con las elecciones a la vuelta de la esquina, el próximo 26 de octubre. El compositor Rafa Tena ha interpuesto una querella criminal contra el expresidente de la Sociedad General de Autores y Editores Antón Reixa y parte de su entonces equipo en la Junta Directiva por el presunto desvío de 131,2 millones correspondientes a los derechos de autor sin identificar durante los años 2012 y 2013.
El escrito, con fecha del 7 de septiembre y al que ha tenido acceso La Información, se ha presentado en los juzgados de instrucción de Plaza Castilla contra un total de 14 personas, entre ellas los músicos Sabino Méndez, Víctor Manuel, el director de cine Imanol Uribe y el entonces secretario general Francisco Galindo, además de las multinacionales Warner, Universal Music, Sony, Emi y BMG.
Se les acusa de un delito de estafa y otro de administración desleal por apropiarse presuntamente de 111,1 millones de euros en concepto de derechos pendientes de identificación -que suele ser el 5% del total recaudado en un año- y del desvío de otros 19,5 millones.
La querella, que está pendiente de reparto, recoge dos presuntas irregularidades, siendo la primera la adoptada el 10 de enero de 2012 por la Comisión Rectora de la sociedad y que afectaría a la primera cuantía superior a los 111 millones de euros. El acuerdo aprobado entonces, bautizado como 'plan de choque' y que apenas contaba con un presupuesto de 250.000 euros, consistía básicamente en revisar todas las obras musicales o audiovisuales cuyo autor no estuviera identificado.
Según Tena, los miembros de la comisión fueron “juez y parte”, puesto que se beneficiaron de estos fondos pese a no ostentar “titularidad alguna” sobre los derechos. Además, asegura que el plan carecía de rigor identificativo y que, desde el primer momento, eran plenamente conscientes de que se presumía “imposible” localizar a los autores de dichas obras en ese corto período de tiempo.
Engaño y extralimitación de funciones
La segunda presunta irregularidad reside en un acuerdo del Consejo de Dirección el 3 de octubre de 2013, por el que se aprobó un reparto extraordinario de 19,5 millones de euros provenientes de derechos sin identificar de 2008 y destinados, según denuncia Tena, a “beneficiar” a los integrantes de este órgano.
El escrito precisa que las dos medidas que vieron la luz durante la presidencia de Antón Reixa (2012-2013) son contrarias a la normativa de la SGAE y que se facilitó esa salida de fondos aprobando una reforma estatutaria que estableció que las cantidades derivadas de derechos de autor sin identificar desde el año 2013 podrían ser objeto de reparto a partir de los dos años siguientes, es decir, en 2015.
Se trata de una decisión que, según expone, corresponde tomar a la Junta Directiva y no al Consejo de Dirección, por lo que se produjo una “extralimitación de funciones” y un “engaño” en la que los principales perjudicados son los miembros de la SGAE y la propia sociedad.
Elecciones para salir del desbloqueo
Además, vulnera la normativa de la SGAE puesto que los derechos pendientes sin identificar deben permanecer acumulados durante un período mínimo de cinco años y un máximo de quince.
Rafael Tena, hermano del fallecido Manolo Tena, es una de las personas que el juez de la Audiencia Nacional investiga en el marco de la conocida como 'Rueda de las Televisiones', una trama que consistió en el supuesto registro de obras de dominio público ligeramente modificadas y con las que se defraudaron más de 100 millones de euros. Por estos hechos el magistrado citó como imputado la pasada semana al actual presidente de la sociedad, José Miguel Fernández Sastrón.
La querella se interpone a escasas semanas de que la SGAE acoja elecciones con las que se espera poner punto y final a la crisis que se vive en el seno la sociedad, debido, por un lado, al creciente número de socios que se oponen a la gestión de Sastrón y a la reforma pendiente de sus estatutos, por otro.
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