Para que el Pedro Sánchez lleve a cabo su propuesta de quitar la asignatura de religión de las escuelas, además de lograr el apoyo de la mayoría del congreso, tendrá que atravesar un complejo proceso jurídico.
La educación religiosa en la escuela pública está amparada por varias leyes. La más importante de todas es la Constitución, que en su artículo 27.3 establece que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Este artículo, lógicamente, acarrea ciertas obligaciones del Estado en la escuela pública. Según explica Jorge Otaduy, experto el derecho canónico de la Universidad de Navarra, resulta previsible que si un padre católico ve que su hijo no recibe religión en la escuela, puede recurrir hasta el Tribunal Constitucional, invocando este artículo 27.3.Enseñanza y acuerdos culturales
Los principios que expone la Constitución respecto a la enseñanza religiosa encuentra su continuidad en los acuerdos del Estado español firmados con la Santa Sede en 1979. Entre los cinco apartados que recoge este documento, uno de ellos se ocupa sobre la "enseñanza y asuntos culturales".
Estos acuerdos tienen rango de tratado internacional. Incumplirlos unilateralmente comportaría una fuerte pérdida de prestigio en el ámbito del Derecho Internacional. Si el Estado español desea replantear o romper esos acuerdos, debe iniciar un proceso de negociación que se aventura largo y complicado.
Además, habría que derogar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, para lo que debería contar con una mayoría absoluta que, según las encuestas, le puede resultar complicado articular, al menos en poco tiempo.Con dinero público sí, ¿y con privado?
Para el catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, la propuesta de Pedro Sánchez suscita varias dudas. Pone en conflicto dos derechos reconocidos por la Constitución: el ya mencionado artículo 27.3 y el 16.3, que garantiza que ninguna religión será oficial, aunque el Estado tendrá en cuenta las creencias de los ciudadanos y garantiza cooperación con la Iglesia Católica y las demás.
En su opinión, en los colegios concertados sí tendría derecho a elegir que no se diera religión, "porque la educación se financia con dinero público". Si un colegio se niega a cumplir lo que dictan las leyes, tendría que renunciar al concierto económico o interponer un pleito contencioso-administrativo.
Tampoco ve excesivamente preocupante los citados Acuerdos con la Santa Sede, porque cabría plantearse si son constitucionales. "Hay muchas leyes que han sido aprobadas y que luego han sido declaradas inconstitucionales, con los acuerdos puede pasar lo mismo", explica Pérez Royo. "No puede ser que haya profesores de religión puestos por los obispos, aparte de que resulta un agravio para otras religiones".
¿Y en un colegio privado? Ahí sí que parece difícil que pueda intervenir el Estado, según Pérez Royo. "Mientras no sea una asignatura imprescindible para graduarse, dudo que pueda impedir que se imparta en un centro privado". Y si lo hace, sería fácil revertirlo en los tribunales ordinarios.Prestigio internacional
"Es un brindis al sol". Así de tajante se muestra el teólogo y canonista Ricardo Quintana Bescós, a la hora de referirse a la propuesta de Pedro Sánchez de suprimir la religión en las escuelas.
"Los acuerdos con la Santa Sede tienen un peso específico en el Derecho Internacional: ningún gobierno quiere entrar en un pleito jurídico con el Vaticano, y menos ahora que la Santa Sede ha adquirido mucho prestigio por su papel en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y el Vaticano", comenta Quintana Bescós.
Este canonista recuerda que no es la primera vez que el gobierno socialista ha propuesto denunciar los acuerdos con la Santa Sede. Pero hasta el Gobierno Zapatero, que no fue precisamente cercano a los obispos, estableció acuerdos de cooperación que resultaron económicamente beneficiosos para la Iglesia Católica, por mediación de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega.
Para Ricardo Quintana Bescós, "hay que comprender que estamos en un momento electoral, pero a nadie le interesa entrar en una guerra tonta con la Iglesia, que en definitiva van a perder. Y menos en este momento, con tantas obras de asistencia social que tiene la Iglesia para atender a los perjudicados por la crisis".Derecho de los colegios
La misma opinión que Bescós comparte Manuel Sánchez de Diego, profesor titular en Derecho de Información de la Universidad Complutense: "Es muy complicado, porque necesita un anclaje jurídico que debe tener en cuenta no sólo la Constitución, sino también los tratados internacionales".
¿Qué va a prohibir exactamente? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a garantizar el derecho de los padres que ampara la Constitución con una prohibición de impartir materias religiosas? "La medida de Sánchez implica reordenar el sistema educativo en su ámbito competencial", afirma Sánchez de Diego.
Este profesor en Derecho recuerda que esta medida no sólo afecta a los padres, sino también a los colegios, que tienen derecho de ordenar las enseñanzas oficiales de acuerdo al ideario del centro. Es lo que han hecho desde siempre los colegios religiosos en España, que han desarrollado su idearios cristiano con total libertad, amparada por la Constitución.
Y además, hay un problema de orden práctico. Dada la cantidad de colegios católicos que hay en España, al Estado le resultaría imposible asumir la educación de todos los estudiantes que ya no pudieran educarse en un colegio religioso.
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