¿Cuánto cobra un rastreador? Meses después de los primeros contratos, la respuesta sigue en el aire. La contestación de las CCAA es unánime: "No hay una categoría profesional que sea 'rastreador'. Los rastreadores son médicos, enfermeros, etc... y cobran en función de su categoría profesional". La respuesta deja en el aire al resto de vigilantes del virus que, sin ser graduados ejercen las mismas funciones que los primeros. Si los primeros llegan a cobrar entre 1.400 o 1.600 euros dependiendo del nivel que ocupen en la escala de funcionarios, otros no tienen la misma suerte. De los siete euros la hora que ofrecen algunas ETTs, al exiguo 'extra' que reciben los militares... la brecha salarial golpea a los detectives de la Covid.
"Nos dan entre 50 y 100 euros más por esta función", asegura un rastreador del Ejército a La Información. En la mesa de al lado, otros contestan las mismas llamadas y rellenan idénticos formularios, pero su sueldo ronda los 1.500 euros mensuales. Ni el Gobierno ni las CCAA han movido ficha para concretar la formación o las condiciones que definen estas labores de vigilancia, más allá de un curso exprés que los rastreadores deben superar para empezar a ejercer, en aquellos casos en los que no cuenten con una formación previa en Salud Pública.
Hasta los que se sitúan en la cumbre de la pirámide salarial sufren las secuelas de la precariedad. A los rastreadores con un título de Medicina o Enfermería que no forman parte del Sistema Nacional de Salud, no se les reconocen muchos de los 'extras' que sí reciben profesionales con idéntica formación y un contrato en hospitales o centros de Atención Primaria. Así lo explican desde CCOO: "Los licenciados cobran cada uno según su convenio, pero pierden la opción de hacer guardias y las subidas por productividad o carrera profesional". Además, la mayoría de estos contratos son temporales -"En el caso de Madrid muchos vencen el 31 de diciembre"-, lo que complica la estabilidad laboral de los graduados y cuestiona la estrategia de vigilancia a largo plazo.
Las tablas salariales de los empleados públicos no resuelve todas las dudas. Queda en el aire la remuneración que reciben los rastreadores 'fichados' a través de la empresa privada y los reclutados directamente desde el SEPE. Cuando el blindaje a los sistemas de vigilancia se convirtió en condición 'sine qua non' para avanzar por las fases de la desescalada, muchas regiones recurrieron a la privatización de esta labor para adaptar su red de rastreo a las exigencias del Gobierno. El caso más sonado fue el de la Comunidad de Madrid. El 11 de agosto trascendió la adjudicación por la vía de emergencia del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso al grupo Quirón Prevención para detectar contactos estrechos: 22 rastreadores por un monto total de 194.223 euros. Antes de la capital hubo otras.
Dos meses antes, el Gobierno catalán externalizó este servicio, que dejó en manos de Ferroser Servicios Auxiliares por 17,6 millones. El archipiélago balear también recurrió al sector privado. Al no ceñirse a las tablas salariales públicas. La falta de concreción del 'Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad' que publicó el Ejecutivo de coalición antes de verano, dejó en el aire el número de rastreadores por habitante que debían 'fichar' las CCAA. Los baremos internacionales más laxos cifran en 18 'vigilantes' por cada 100.000 habitantes, el mínimo recomendado para estrechar el cerco a la transmisión. Muchas regiones seguían lejos de esta proporción al cierre de la temporada estival.
El antecedente de los rastreadores fueron los números de contacto frente a la pandemia. Durante el estado de alarma de primavera, buena parte de los gobiernos regionales establecieron 'líneas Covid' telefónicas. "Me apunté a una ETT y al día siguiente ya estaba contestando llamadas... y he estudiado Derecho". David fue uno de los primeros vigilantes del virus de la capital. "Firmábamos prórrogas", cuenta. Un mes, dos semanas, mes y medio... hasta que el país doblegó la curva y las llamadas decayeron.
A través de la empresa de contratación, David desembarcó en Indra, una de las firmas a las que el Gobierno madrileño adjudicó por la vía de emergencia y sin publicidad, este servicio al principio de la crisis sanitaria. La otra fue Telefónica. "Por toda formación me dieron un curso rápido". Según David, los teleoperadores con un título vinculado a las Ciencias de la Salud brillaban por su ausencia. "Informábamos solo de los casos negativos, precisamente, porque no teníamos formación sanitaria". La comunicación era bidireccional. "Tres de cada diez llamadas que recibíamos eran fruto de la histeria". ¿El sueldo? "Rondaba los siete euros la hora".
El término de 'rastreadores' se ha convertido en un cajón desastre. Desde químicos y biólogos, hasta enfermeras y especialistas, pasando por graduados sin ningún vínculo con el campo de la Salud. Ni salario ni perfil profesional, las labores de vigilancia siguen supeditadas a los reinos de Taifas de la Sanidad. El reclutamiento voluntario y la delegación de esta función en funcionarios ya en nómina, -desde la Atención Primaria hasta los policías y militares-, han sido algunos de los parcheas para blindar una red de vigilancia a coste cero. La segunda ola avanza y las autoridades siguen dejando para mañana la regularización de la situación de los 'detectives' del coronavirus.
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