Reducir un 25% la pobreza en la población con discapacidad requiere una inversión de 800 millones anuales

La situación de las personas con discapacidad en España se caracteriza por tasas de pobreza relativa que duplican la media nacional, a pesar de las mejoras de empleo y protección social cosechadas, según manifestó este martes el catedrático Gregorio Rodríguez Cabrero, que indicó que para reducir en un 25% el número de personas que se encuentran en esa situación sería necesaria hasta 2020 "una inversión de 800 millones de euros anuales y retornos importantes en demanda agregada e imposición indirecta”.
Gregorio Rodríguez expuso estas consideraciones durante el acto de presentación del estudio ‘El sector de la discapacidad: situación, necesidades y retos futuros’, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación ONCE, al que asistió el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno.
El estudio ha sido promovido por la Fundación ONCE y publicado por el Cermi en su colección cermi.es y ha estado dirigido por Gregorio Rodríguez Cabrero, quien explicó que el enfoque del libro, fruto de un proceso de reflexión y análisis por parte del sector de la discapacidad en España, está centrado en el modelo social europeo, basado, principalmente, en la recomendación sobre inclusión activa de la UE y la Estrategia Europea 2020.
Indica que en 2008 vivían en España 3.787.000 personas con discapacidad y sitúa un escenario de 4.034.890 en 2020. La situación que detalla se refiere a tasas de pobreza relativa que duplican la media nacional, tasas de ocupación que son justamente la mitad de la media nacional, niveles educativos con elevadas tasas de abandono escolar y bajo nivel de titulación superior y un razonable acceso a servicios socio-sanitarios con limitaciones que afectan la accesibilidad física y social.
Uno de los problemas que destaca el análisis es la financiación de las organizaciones, las cuales hasta 2010 tenían un elevado nivel de solidez patrimonial y un bajo nivel de endeudamiento a largo plazo, así como elevada dependencia de recursos públicos y una diversificación limitada de los recursos que la crisis ha agudizado, un modelo de colaboración entre las entidades aún muy limitado y unas amplias mejoras en la gestión y un cierto déficit en la transparencia.
Entre los retos a los que se enfrenta el sector, Rodríguez Cabrero apuntó indicó los cambios en la base social de la discapacidad (envejecimiento), las tensiones entre la gestión de servicios, la función reivindicativa, la defensa de derechos e innovación social y las incertidumbres sobre el devenir del Estado del bienestar.
También indicó que las entidades de la discapacidad orientan su acción organizativa hacia la redefinición de la identidad y misión del sector económico del conjunto del Tercer Sector de Acción Social, a nuevas formas de colaboración con las administraciones y nuevas formas de financiación (cláusulas sociales y, sobre todo, el desarrollo de la economía social).
En relación con el horizonte 2020, en materia de empleo habló de una población en 2010 de 1.171.000 en edad de trabajar, la cual en 2020 será de 1.501.000 personas.
En materia de educación, Cabrero expuso que hay que reducir las tasas de abandono escolar del 57% al 18,3% en 2020, que supone un coste medio de 115,8 millones de euros al año; y el aumento de la tasa de titulación superior para personas con discapacidad (del 19,3 al 42%), que supone 160,8 millones de euros al año.
Para alcanzar la sostenibilidad en el sector, el catedrático manifestó que es “necesaria” una mayor exigencia de las cláusulas sociales para competir con su valor añadido, un tratamiento no discriminatorio del IVA, nuevas formas de colaboración y un trabajo conjunto en el seno del Tercer Sector de Acción Social, las mejoras en su transparencia, una rendición de cuentas y una mayor apelación a la sociedad civil.
Así, incidió en que el sector de la discapacidad tiene que afrontar una reestructuración para superar la atomización a través de fusiones o formas de colaboración permanentes; una incidencia creciente en innovación como valor añadido; un desarrollo de la economía social; y un reforzamiento de la participación social interna y cívica en el conjunto de la población española.
En definitiva, según se recoge del estudio, hay que garantizar el efectivo cumplimiento de avances legislativos y de estrategias y planes hasta ahora logrados; la apertura a la diversidad emergente de la discapacidad y otras formas de exclusión; el reforzamiento de la capacidad de negociación, cooperación, y reivindicación ante las administraciones públicas en conexión con el conjunto del Tercer Sector; alianzas y trabajo continuo de las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social; una mayor diversificación de fuentes de financiación del sector de la discapacidad; nuevas formas de inversión social, innovación y economía social en línea con las nuevas recomendaciones de la Comunidad Europea sobre inversión social.
El acto de presentación del estudio contó con la presencia del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno; del director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno; y el secretario general del Cermi y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; además de numerosas personalidades del movimiento asociativo de la discapacidad en España.