El próximo 25 de mayo será directamente aplicable en todos los estados miembros de la Unión Europea, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales, que ya entró en vigor dos años antes, el 25 de mayo de 2016.
Se trata de una normativa fundamental que implica una concienciación global sobre la privacidad de los datos de las personas y de las empresas adaptados a la realidad digital del mundo actual. Se va a cambiar la forma de actuar en todos los Estados Miembros de la Unión Europea y a afecta también a los ciudadanos y empresas que no estén en la UE, pero que ofrecen productos o servicios dentro de ella.
Las novedades más importantes que incluye el reglamento respecto de la actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), según la Agencia Española de Protección de Datos, son:
Sobre la obtención del consentimiento para el tratamiento de datos: se amplía la obligación respecto al deber de informar a los usuarios y clientes, y el consentimiento del usuario deberá ser siempre explícito, bajo una declaración o acción afirmativa.
Sobre el deber de informar, el reglamento establece la obligación de informar sobre qué se va a realizar con los datos recopilados, su tratamiento y el periodo de conservación de los mismos. Además, hay que dejar constancia de que los interesados podrán dirigir sus reclamaciones a las Autoridades de protección de datos, si consideran que hay un problema con la forma en que está manejando su información.
Adquiere gran importancia la figura del delegado de protección de datos, siendo obligatorio para multitud de empresas, para encargarse de garantizar el cumplimiento, notificar violaciones de seguridad y tramitar las autorizaciones que sean necesarias. Podrá formar parte de la plantilla o ser un trabajador externo.
Respecto a la privacidad desde el diseño de la web será fundamental que las empresas con procesos complejos del tratamiento de datos implementen protocolos internos, códigos de conducta y esquemas de certificación para garantizar el reglamento.
El incumplimiento reiterado del reglamento se vuelve más sancionador, y prevé multas millonarias de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación anual.
Un paso decisivo de la Unión Europea sobre la nueva realidad de la transformación digital que afecta a ciudadanos y empresas.
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