Haber sido el ámbito más afectado por la pandemia de coronavirus ha impactado sobre el día a día de las residencias de ancianos. Las miles de muertes registradas, más de 20.000 según cálculos del Gobierno central, han abierto el debate sobre un cambio de modelo en los centros donde pasan su día a día ancianos que pueden valerse por sí mismos o necesitan cuidados especiales por dolencias de todo tipo. Pero entrar como interno en una de ellas sigue siendo posible. La diferencia está en si se quiere optar por la vía pública, la concertada o la privada. En las dos primeras, la burocracia está impidiendo que se dé plaza a miles de personas que siguen en lista de espera. Incluso cuando hay espacio suficiente para nuevos residentes. Lo que sí impera en todas ellas es un criterio único: hay que tener una PCR negativa realizada 72 horas antes para poder cruzar las puertas del edificio.
La exigencia del test es el único requisito que ha cambiado con respecto a los que ya había antes para que un anciano logre formar parte de una residencia. Las pruebas pueden realizarse tanto por la Sanidad pública como por un laboratorio, y son una exigencia que hacen las autonomías para permitir que un centro público o privado integre a un nuevo miembro en su dinámica. En las residencias privadas, las empresas están ofreciendo la opción gratuita de derivar a los ancianos a una clínica que determine si tienen la enfermedad o no. Quien dé negativo, podrá acceder a las instalaciones. Los positivos tendrán que esperar la cuarentena correspondiente, ya que está prohibido que accedan con ese resultado. Pero la medida es preventiva, ya que nadie asegura que el futuro interno no se contagie en los 72 horas siguientes a realizarse el test.
Todo lo demás sigue igual. No hay requisitos excepcionales que supongan un gran cambio en comparación con la etapa previa a la crisis sanitaria. Lo primero que separa a un anciano de entrar en el futuro en una residencia es la valoración que debe recibir por los trabajadores sociales para determinar de qué manera puede beneficiarse de la ley de dependencia. Después, hay que elegir si prefiere una plaza en pública o concertada u opta por una privada. Para formar parte de las primeras, la burocracia y sus plazos serán los que marquen cuánto debe esperar. Si decide la otra vía, la cuestión más determinante es que tanto el futuro internado como su familia tengan los medios económicos suficientes para costearla.
El camino para lograr una habitación conlleva varios pasos. El primero es que el paciente tenga 65 años o más. Después se abre la veda administrativa. Una vez el trabajador social que se asigne al interesado realice la valoración correspondiente, el anciano tendrá que esperar una comunicación oficial en la que se recoja el resultado del examen. Si la dependencia es de grado II (la que no requiere apoyo permanente) o superior, la administración permitirá la entrada en el proceso del futuro interno. Desde ahí, deberá esperar a que le asignen su centro, que no podrá estar a más de 50 kilómetros de la localidad en la que resida previamente. Y la espera no será corta, ya que pueden pasar meses o incluso más de un año para que todo acabe.
Más plazas... pero la espera sigue
La problemática de las listas de espera no es nueva. Lo cual es llamativo, según fuentes del sector. Según explican, el coronavirus ha modificado el panorama para entrar en una residencia. Ahora hay que esperar mucho menos que antes de marzo por el duro golpe de la pandemia contra los mayores internos. Como explican estas fuentes, una de las consecuencias de los miles de fallecidos es que haya muchas plazas pendientes de asignar. A lo que se suma que un número indeterminado de ancianos haya fallecido sin poder completar el proceso de acceder a un centro. Además, hay quienes han renunciado en los últimos meses a su plaza debido a lo ocurrido en los meses más duros de la pandemia.
Aun así, en comunidades como Madrid, hay más de 2.500 personas esperando a que les otorguen su plaza, según datos de la Consejería de Políticas Sociales. Según fuentes del departamento que dirige Javier Luengo, "los criterios son los mismos y desde que se permitieron los ingresos se ha continuado vaciando la lista de espera". Este último asunto es relevante, ya que las autonomías han suspendido en ciertos momentos las nuevas incorporaciones debido a su alta incidencia de contagios. Pero el Ejecutivo madrileño también admite "que hay familias o mayores reticentes" a formar parte de una. En otras autonomías, como es el caso de Andalucía, en verano aún había 6.000 personas esperando.
El coste de la residencia
Para no esperar, hay que poder permitirse una residencia privada, donde no existen estas esperas. Fuentes del sector señalan que antes de la pandemia sí tenían a posibles nuevos inquilinos expectantes de cuándo se les iba a otorgar su plaza. Pero ahora, están en disposición de ir cogiendo a nuevos residentes. Todos ellos tendrán que superar una valoración previa, similar a la que hacen los trabajadores sociales. Pero su ingreso puede ser inmediato en la actualidad. Y además, las empresas suelen tener recintos con especialidades concretas para asignarlas al anciano en función de sus necesidades. La cuestión económica es la clave para que puedan obtener una plaza pocos días después de solicitarla.
Los precios tampoco han cambiado tras la pandemia. Entrar en un centro de carácter privado cuesta alrededor de 2.000 euros al mes, según las fuentes consultadas. La factura anual ronda de esta manera los 24.000€. Por la vía pública o concertada, el precio anual total es superior a los 18.000 y los 19.000 euros respectivamente. De esta cifra, el usuario aporta en en el primer caso algo más del 42% al año (en torno a los 7.700 euros) y en el segundo un 38% (casi 7.500€), según datos del Imserso. La autonomía con las tasas más altas es País Vasco (entre 25.000 y 31.000 euros), seguida de Baleares (en torno a 24.000€). La más asequible es Navarra (13.000€ anuales).
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