25 años de la resolución del caso Anabel Segura que aupó los análisis de voz

Un centenar de estudios de voz de llamadas anónimas y el análisis científico de las más de veinte comunicaciones que mantuvo uno de los secuestradores con la familia de Anabel Segura estrechó el cerco e impulsó la resolución hace 25 años del crimen. Según recoge un reportaje de EFE, fue cometido por unos delincuentes acuciados por las deudas pero nada profesionales.

Mañana se cumplen 25 años de la detención de Emilio Muñoz Wadix, un transportista de 38 años, de su mujer, Felisa García, churrera de 35 años, y de Cándido Ortiz, fontanero de 35 años. El primero, cerebro de aquel secuestro chapucero, quedó el libertad hace unos años por la derogación de la doctrina Parot, su mujer cumplió un año de prisión y el tercero falleció en la cárcel hace once años.

Sus detenciones el 28 de septiembre de 1995 ponían fin a uno de los pocos secuestros extorsivos perpetrados en nuestro país, que mantuvo a toda España en vilo esperanzada de que la joven estuviera viva y a la Policía en jaque durante dos años y cinco meses.

Mira también

Se investiga el crimen de una mujer que ha sido encontrada atada a una silla

Pero lejos de convertirse en un secuestro largo, Anabel era asesinada unas cuatro horas después de su captura, a primera hora de la tarde del 11 de abril de 1993 en la urbanización Intergolf de La Moraleja, en Madrid, donde residía y por donde estaba corriendo.

Emilio y Cándido la introdujeron en una furgoneta de color blanco que huyó apresuradamente hacia la N-I. Dos prendas deportivas y el "walkman" que llevaba fueron las únicas cosas que quedaron en el suelo. Solo un jardinero del colegio Escandinavo próximo escuchó gritos de la mujer y por unos instantes vio el vehículo y a los dos hombres.

Lo que vino después no estaba planificado, los autores no supieron qué hacer con su rehén, cuyo cadáver acabó en una fábrica de ladrillos abandonada en Numancia de la Sagra (Toledo). Enseguida supieron que el padre de Anabel era consejero delegado de la firma "Lurgi S.A.", dedicada a procesos de ingeniería industrial y no dudaron en pedir dinero durante más de dos meses.

La primera llamada se produjo a las pocas horas, antes siquiera de que los medios de comunicación supieran del secuestro. Luego siguieron una veintena de contactos telefónicos con la familia, en la que pasaron de exigir 50 millones a 150. El último contacto fue el 24 de julio de 1993, cuando los secuestradores telefonearon diciendo que les enviarían una cinta grabada por Anabel y que volverían a llamar la semana siguiente para concretar la entrega del dinero. Lo primera promesa se produjo a medias porque la voz no fue de la joven sino la de Felisa; la segunda no se cumplió, ya no hubo más llamadas.

La compleja ciencia de descifrar la voz

Todos aquellos audios llegaron a manos de los cuatro especialistas que integraban desde 1987 el área de Acústica forense de la Policía Nacional, que estaba arrancando en el uso de complejas técnicas científicas, poco empleadas policialmente en otros países, y cuyos estudios despertaban serias dudas entre los jueces. Aquel escepticismo se difuminó hace 25 años porque, con la resolución del caso, "se empezó a lanzar al estrellato" los estudios científicos sobre la voz, que hoy en día permiten avanzar en investigaciones sobre narcotráfico, terrorismo, violencia machista u homicidios.

Carlos Delgado, el facultativo jefe de aquel equipo y que hoy sigue al frente de Acústica Forense, asegura a Efe que el trabajo que se hizo en el caso Anabel tuvo unos resultados "muy exitosos", pero admite que sus informes no fueron la clave, ya que todas las investigaciones son un cúmulo de indicios que van estrechando el círculo.

Lo cierto es que el equipo de Delgado elaboró el "pasaporte vocal" de Emilio Muñoz, es decir, ofreció a los investigadores un perfil bastante exacto de aquel locutor que exigía un rescate. Delgado explica que un pasaporte vocal nos puede desvelar el área geográfica de residencia, la edad aproximada, el nivel educativo, si esa persona tiene hábitos como fumar o definir rasgos como una mandíbula prominente o el cuello corto.

El perfil vocal del secuestrador

Con este perfil, Acústica Forense determinó, por ejemplo, que Emilio residía en la provincia de Toledo, su edad bastante ajustada e, incluso, que podría ser bebedor. "Esos informes se los pasábamos a los operativos, eran orientativos, pero teníamos bastante certeza de los estudios que estábamos haciendo", explica Delgado, que reconoce que aunque algunas de esas "pistas" pueden parecer "accesorias" en realidad no lo son. "No es lo mismo buscar en toda España un vehículo que empezar haciéndolo en una zona concreta", dice Delgado.

Respecto a que fue la palabra "bolo" -término muy toledano- que se escuchaba a un grupo de niños en una grabación analizada la que determinó las detenciones, Delgado desmitifica: "Es evidente que cualquiera sabe que la palabra bolo es de Toledo, pero a Emilio ya lo tenían identificado antes. Lo que querían los investigadores antes de arrestarles es que Emilio y Cándido se comunicaran".

El perfil vocal de Emilio no fue el único trabajo. La Policía analizó más de cien voces de personas anónimas de las miles que llamaron ofreciendo pistas y también estudió a fondo la cinta de casete con la supuesta voz de Anabel.

"Ahí no llegamos a una conclusión porque solo teníamos para comparar un vídeo familiar con Anabel de niña y con un audio bastante pobre", lamenta el facultativo que, en cambio, sí recuerda que se consiguió identificar la "fuente" en la que había sido grabada esa cinta y que, posteriormente, fue hallado en el registro del domicilio del matrimonio.

El 28 de septiembre de 1995 la Policía detuvo en la localidad toledana de Escalona a Felisa García; en Pantoja a su marido y en Madrid al otro sospechoso. Ante los agentes, los tres se derrumbaron y confesaron su crimen, así como el lugar donde habían escondido el cadáver, recuperado al día siguiente en la fábrica de ladrillos abandonada en Numancia de la Sagra, también en Toledo. Fueron condenados por la Audiencia Provincial de Toledo y después por el Tribunal Supremo, que les elevó las penas a 43 años y seis meses de cárcel a los dos hombres y a dos años y cuatro meses a la mujer.