Madrid, 9 ago.- El juez Pablo Ruz imputó a finales de julio a dos dirigentes del Frente Polisario -el exministro de Defensa Brahim Ghali y el miembro de seguridad Mahjoub Lincoln- por presuntos delitos de genocidio y torturas contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tindouf (Argelia).
A los dos les ha citado para tomarles declaración el próximo viernes 16 agosto, pero antes, el lunes día 12, comparecerán como testigos Mustafá Kory Hamidi y dos presuntas víctimas del Frente Polisario, Saadani Maoulainine y Dahi Aguai, a los que previamente se someterá a un reconocimiento forense en la Audiencia Nacional.
Gali, es el actual embajador de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en Argelia y Mahyoub Lincon ostenta la representación del Frente Polisario en España.
La causa por genocidio y torturas, supuestamente cometidos en el Sáhara Occidental entre 1976 y 1987, se inició a raíz de una querella contra trece altos cargos marroquíes en relación con la desaparición de cientos de saharauis.
Después Ruz admitió a trámite otra querella interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) y tres víctimas contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.
En el marco de esta investigación, el juez llamó a declarar a la activista Aminatu Haidar, que amplió los hechos denunciados a otras vulneraciones de derechos humanos cometidas entre 1987 y 1991 e incluso destacó que las violaciones de los derechos humanos continúan.
"Soy testigo y víctima directa de algunos de los hechos incluidos en la querella. Algunos de los responsables siguen con sus altos cargos en Marruecos, entre ellos uno que ordenó el asalto violento militar de un campamento saharaui" y también "mi detención y tortura, en 2005, como activista de derechos humanos", denunció.
Entre los querellados figuran el ex director general de la seguridad militar del Polisario y responsable de las relaciones con la ONU en Nueva York, Mohamed Jadad, el agregado militar en la Embajada de Argelia en Mauritania, Nabil Kadour, y el embajador de Argelia en Rabat, el general Omari.
También aparecen responsables del Polisario como su fiscal Sidi Wagag o su ministro de Comunicación, Sidahmed Battal, así como varios responsables de las cárceles polisarias en Tindouf.
En la querella se denuncia el trato sufrido en Tindouf "por los prisioneros de guerra, así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario".
A esta organización le acusa de "retener contra su voluntad a miles de saharauis en los campos de Tindouf, en Argelia, con la complicidad de las autoridades de Argel".
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