Piden 18 meses de cárcel para el dueño de una residencia que sacrificaba animales

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 18 meses de prisión para J.F.S. por el delito continuado relativo a la protección de los animales domésticos. El representante del Ministerio Público acusa a F. S. de dar instrucciones a las otras personas imputadas en la causa para sacrificar animales que tenían bajo custodia sin la autorización previa de un veterinario colegiado.

Según consta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso La Información, entre los años 2002 y 2016, fue el administrador de la una residencia y albergue de animales de compañía. Esto es, la empresa tenía como actividad la propia de un centro de acogida de animales de compañía por lo que durante los años que estuvo en activo prestó "servicios de recogida de animales de compañía abandonados, vagabundos o extraviados, su retirada, transporte y mantenimiento en el centro".

El negocio, poco a poco, se fue ampliando a más ayuntamientos de la comunidad de Madrid hasta tener contratados en noviembre de 2016 la prestación de tales servicios en Algete, Camarma de Esteruela, Fuente El Saz de Jarama, Talamanca de Jarama, San Sebastián de los Reyes, El Molar, Pedrezuela, Valdeolmos-Alalpardo y Valdetorres de Jarama. “Consecuencia de ello es que, en el periodo comprendido entre 2013 y 2017 a esas instalaciones de Talamanca de Jarama, para cumplimiento de esos contratos han sido llevados a alojamiento 630 gatos y 979 perros, de estos últimos habiendo resultado 472 devueltos o identificados, y 421 no devueltos o no identificados”, señala la Fiscalía.

Dicho centro de acogida de Talamanca de Jarama cuenta con 20 jaulas con lecho seco, techo y caseta, 2 jaulas con parque para colonias de gatos, 5 lazaretos para perros, 10 lazaretos para gatos, además de una sala de curas y lazaretos de hospitalización, como principales infraestructuras para el alojamiento de los animales, “que admiten un número variable de ellos que el propio acusado concreta en una capacidad máxima en torno al centenar”.

0tro de los acusados, F. J. B. U., desde el año 1997 hasta abril de 2016 fue el administrador de la entidad dedicada a la prestación de servicios veterinarios y que a lo largo de ese periodo de tiempo prestó servicios de recogida de animales vagabundos y abandonados a varios ayuntamientos de la comunidad , “llegando a tener contratados tales servicios con los de Las Rozas, Galapagar, Collado Villalba, San Martín de la Vega y Ciempozuelos en 2015, y hasta abril de 2016 con los Ayuntamientos de Torrejón de la Calzada, Valdemorillo, Galapagar, San Martín de la Vega, Humanes, Ciempozuelos, Batres y Parla”.

Desde 2010 y hasta, “al menos”, finales de 2015, ambos convinieron por cuenta de sus respectivas entidades que los animales recogidos “en cumplimiento de sus contratos con los Ayuntamientos a los que prestaba servicios” fueran acogidos en las instalaciones de Talamanca de Jarama, “y que, a su vez, para prestación de servicios veterinarios, incluido el sacrificio de animales en dichas instalaciones, la residencia recabaría sus servicios”.

Prueba de ello es que entre los años 2010 y 2013 Vet Móvil facturó a Maikan 9, 9, 9, 10, 10, 12, 7 y 21 eutanasias de animales en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2010; por 12, 5, 17, 12, 13, 2, y 15 eutanasias de animales en febrero, marzo, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre de 2011; por 5, 14 y 16 eutanasias de animales en enero, junio, septiembre de 2012; y por 20, 8, 23 y 26 eutanasias de animales en enero, febrero, abril y junio de 2013. “Manifestación de ello es también que, solo por cuenta de los animales recogidos en San Sebastián de los Reyes, se hicieron al menos 53 sacrificios de perros y 29 sacrificios de gatos en 2014, y 35 sacrificios de perros y 26 sacrificios de gatos en 2015”, denuncia la Fiscalía.

Los servicios comportaban la aplicación a animales acogidos en las instalaciones de dosis letal del compuesto químico “Dolethal” para causarles la muerte, y fueron realizados, “todos ellos o al menos un elevado número de ellos”, por las asistentes técnico veterinarias empleadas. Ambas, “siguiendo instrucciones recibidas de F.J. B. U. en cuanto al modo de proceder”, acudían a las instalaciones en la furgoneta de la empresa de recogida “normalmente en horario diurno o de tarde, sin acompañarse de veterinario colegiado y provistas de elevadas dosis de Dolethal”. Allí aplicaban el compuesto químico a los animales que iba a sacrificar identificados F. S. , “sin estar presente veterinario colegiado alguno en las instalaciones y sin aportarles documentación alguna que recogiese la indicación de sacrificio firmada por veterinario colegiado”.

El propio F. S. decidía sobre los animales a sacrificar y su número, “y lo hacía no tanto por criterios de sanidad animal comprobados por veterinario, sino por razón de no estar los animales identificados, llevar más de diez días en el Centro y ser necesaria la liberación de espacio en las instalaciones para poder cumplir con las obligaciones contraídas con todos los Ayuntamientos a los que prestaba servicios”. La Fiscalía subraya incluso que “en ocasiones” el número de animales sacrificados era tan elevado que no cabían en las furgonetas de la empresa de recogida para sacarlos de las instalaciones por lo que “eran dejados en el Centro en dos arcones frigoríficos”. Además, sabiendo de antemano la necesidad de sacrificar animales F. S. dejaba “ocasionalmente” de atender a las elementales necesidades de alimento y cuidado de algunos animales acogidos en las instalaciones “afectando ello principalmente a gatos no identificados llevados al Centro”.