Los actos conmemorativos se iniciaron con una procesión de velas encendidas que entonando cánticos recorrió calles inmediatas a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, en oeste de San Salvador) donde en 1989 fueron asesinados los sacerdortes.
"Su vida y su muerte nos ha impactado. Queremos continuar su ejemplo", exclamó el rector de la UCA, sacerdote Andreu Oliva, quien presidió la misa conmemorativa en el campus universitario.
Las injusticias que denunciaron los asesinados, según Oliva, siguen presentes en El Salvador con una situación de "desigualdad, de gran precariedad para una parte importante de la población" ya que apenas un 40% tiene empleo y de éstos solo la mitad son considerados "empleos decentes".
En cuanto al mortífero ataque ejecutado por un grupo terrorista en París, Oliva exclamó: "condenamos al atentado terrorista en París y nos solidarizamos con las víctimas y sus familias.
"Ante estos hechos de violencia demencial y horrible, no nos dejemos aterrorizar, resistamos con decisión a la tentación del miedo y a la tentacción de pensar destruir al que comete el mal", exclamó Oliva.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl asesinaron en el campus de la UCA al sacerdote español-salvadoreño Ignacio Ellacuría, rector de esa casa de estudios y prominente defensor de la Teología de la Liberación.
También fueron asesinados los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.
El 27 de setiembre de 1991, un jurado declaró culpables del crimen al director de la Escuela Militar de San Salvador, coronel Guillermo Benavides, y al teniente Yusshy René Mendoza, responsable de la muerte de Celina Ramos.
El mismo jurado exoneró de cargos -pese a haber participado en el crimen, según las investigaciones- a dos tenientes, dos sargentos, un cabo y dos soldados. Tanto Benavides como Mendoza fueron liberados al amparo de una ley de amnistía decretada en 1993, tras el fin de la guerra civil.
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