Bogotá, 18 may.- La Procuraduría de Colombia destituyó de manera retroactiva e inhabilitó de por vida para el ejercicio de cargos públicos a tres antiguos funcionarios de un hospital por haber puesto su institución al servicio de paramilitares.
Los sancionados facilitaron la injerencia de los ultraderechistas en la administración y el presupuesto del hospital público de Valledupar (noreste), según estableció la entidad estatal, responsable del control del funcionariado.
En un comunicado difundido hoy en Bogotá, la Procuraduría General precisó que los destituidos e inhabilitados son Ángel Eléison Maya Daza, Érika Patricia Duque Vega y Édison Eduardo Valle Martínez, antiguos cargos del Hospital Rosario Pumarejo de López.
Maya fue gerente de la institución hospitalaria, Duque ejerció como jefe de la oficina asesora de control interno y apoyo jurídico, y Valle tuvo a cargo el área de mantenimiento.
Según la investigación disciplinaria, el hospital fue penetrado por el disuelto Bloque Norte (BN) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por intermedio de "Alejandro" o "101", alias del comandante paramilitar, que lo hizo mediante testaferros.
Con ayuda de los funcionarios, los paramilitares conformaron las empresas de fachada Dismed Ltda. e Ingemedical para supuestas contrataciones con el hospital, que entre 2003 y 2008 les hizo pagos "sin el cumplimiento del objeto social contratado".
La primera de las firmas era de propiedad de "101" y fue utilizada para canalizar "pagos permanentes" de "periocidad casi mensual" a los ultraderechistas, indicó el comunicado.
Los investigadores también establecieron que era tal la cercanía del médico Maya con mandos de las AUC, que de manera constante los visitaba en un campamento de la zona rural de Valledupar.
Allí, Maya "no solo se reunía con los comandantes del Bloque Norte, sino que, aún más lejos, portaba uniformes y armas del grupo, llegando a adelantar actividades como prácticas de tiro, entre otras", informó la Procuraduría.
Valledupar es la capital del Cesar, departamento de la frontera con Venezuela en el que el BN tuvo una fuerte presencia y control.
Las AUC se disolvieron en 2006 dentro de un proceso de paz con el Gobierno del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) que implicó el desarme de más de 31.000 paramilitares.
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