El Gobierno ha publicado una orden en el BOE este miércoles que establece el uso obligatorio de mascarillas para las personas mayores de seis años en todos los lugares públicos donde no se pueda mantener una distancia de seguridad de dos metros. El uso del material será necesario entonces en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público donde se puedan producir aglomeraciones no deseadas.
La medida no será exigible a las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, a los ciudadanos para los que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. También se podrá prescindir de estas en el desarrollo de actividades en las que, por su propia naturaleza, resulte incompatible el uso de la mascarilla.
Respecto a los tipos de mascarillas que deberán usarse, la orden ministerial indica que pueden ser de cualquier tipo, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubran nariz y boca. El uso generalizado de mascarillas para reducir la transmisión comunitaria del SARS-CoV2 está justificado, según Sanidad, no solo por su alta transmisibilidad, sino también por la capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, "muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad".
El ministro Salvador Illa ya había tratado este asunto con las comunidades la pasada semana en Consejo Interterritorial, cuando aseguró que buscaba consenso para implementar la normativa. La medida entrará en vigor este jueves y se mantendrá vigente hasta que termine el estado de alarma y sus posibles prórrogas.
Pero, todavía hay varias incógnitas sobre cómo garantizar su uso. Las Consejerías de Educación de varias comunidades no se encargarán directamente de dotar a sus colegios de materiales de protección. Tendrán que ser los directores de estos centros quienes se encarguen de la gestión y la compra de las EPIs que sean precisas para que los profesores, administrativos o conserjes cumplan con las recomendaciones u obligaciones de las autoridades sanitarias en el proceso de desescalada. La decisión que no ha sentado nada bien a los responsables de estos centros, ya que implica desarrollar una labor delicada para la que no están especializados, como ha podido saber La Información.
Las mascarillas higiénicas deben ser usadas por personas sanas. Son un complemento a las medidas de distanciamiento físico e higiene recomendadas por el Ministerio de Sanidad en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Cubren la boca, nariz y barbilla y están provistas de un arnés que rodea la cabeza o se sujeta en las orejas. Suelen estar compuestas por una o varias capas de material textil y pueden ser reutilizables o de un solo uso.
Las recomendadas para aquellas personas que hayan resultado contagiadas, tengan síntomas o sean positivas asintomáticas son las quirúrgicas. Se usan en ambientes clínicos y limitan la transmisión de agentes infecciosos porque están diseñadas para filtrar el aire exhalado. Por tanto, su misión es proteger a quienes están alrededor del portador evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar. Debe contar con un mecanismo que permita ceñirla estrechamente sobre nariz, boca y barbilla. La duración depende del fabricante y, también, por cuestiones de comodidad e higiene, se suele recomendar no usar la mascarilla durante más de cuatro horas.
Por último, las EPIs solo deben ser empleadas por personas en contacto con el virus, así como para grupos vulnerables y siempre bajo prescripción médica. De venta en farmacias y establecimientos especializados, sirven para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario, filtrando el aire inhalado y evitando la entrada de partículas contaminantes en el organismo.
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