El Ministerio de Sanidad prepara una reforma del real decreto que regula la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo para que los abortos que se realicen hasta la semana novena de gestación sean por métodos farmacológicos y evitar así la "saturación" de las instalaciones quirúrgicas en el sistema público. El ministerio que dirige Salvador Illa ha iniciado una consulta pública previa del proyecto de modificación del real decreto de garantía de la calidad asistencia de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo que finaliza el próximo 4 de febrero y que busca solucionar "dos problemas" que se han observado en Los últimos años.
El primero de ellos es "la saturación de las instalaciones quirúrgicas en el sistema público que hacía que la demanda se reorientara hacia el sector privado" que, según Sanidad, consiguió que más del 85 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaran en instalaciones privadas costeadas por el Sistema Nacional del Salud (SNS) a través de las comunidades autónomas. Para dar solución a este problema, el Ministerio quiere que se recurra al método farmacológico en embarazos no deseados que no superen las nueve semanas de gestación que -según asegura- son la mayoría.
De esta manera, dado que los centros de Atención Primaria extra hospitalaria pueden proporcionar esta prestación, Sanidad cree que se podría resolver tanto el problema de sobresaturación hospitalaria como la atención dentro del sistema público sin recurrir a las clínicas privadas. Sanidad defiende el método farmacológico por su "utilidad y facilidad de uso" y señala que conlleva unas complicaciones inferiores al 5 %, según los estudios realizados.
Destaca, asimismo, que es más económico "dado el bajo coste de los fármacos empleados", junto a la simplicidad de las instalaciones requeridas, lo que reduce el coste total de los procedimientos a un tercio de los quirúrgicos. El recurso al método farmacológico busca, asimismo, que las mujeres no se vean abocadas a tener que asistir a establecimientos privados hospitalarios, garantiza "mayor intimidad", que exista una mayor concienciación sobre el tema, así como disminuir el número de mujeres repetidoras y de interrupciones voluntarias a una cifra "más acorde con las características sociales de nuestro país".
Sanidad cree que de no llevar a cabo esta modificación el número de abortos voluntarios seguiría aumentando, como ha venido sucediendo en los últimos 10 años. Afirma el Ministerio que se ha realizado un estudio conjunto con las comunidades autónomas sobre esta cuestión y se ha aprobado la reforma en el Comité de Salud Pública el pasado mes de septiembre. Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), han denunciado que la decisión del Ministerio acabará privando a las mujeres de un método "eficaz y seguro" como es la técnica instrumental, imponiéndoles el aborto con medicamentos.
"Las españolas solo podrán abortar a través del método farmacológico en centros ambulatorios públicos hasta la novena semana de gestación, sin tener en cuenta sus circunstancias personales y médicas", han lamentado ACAI. Esta asociación cree que Sanidad busca cerrar los centros especializados en aborto provocado que desde 1985 han permitido que las mujeres accedieran a este servicio forma "segura, confidencial y eligiendo el método más acorde a sus circunstancias sanitarias e íntimas".
Critica ACAI que el personal de los centros públicos ha evitado realizar abortos entre otras razones porque se han visto afectados por la objeción de conciencia y porque no han sido formados en las técnicas de interrupción voluntaria del embarazo, ya que el aborto provocado no es materia curricular en las carreras ni de Medicina ni de Enfermería y tampoco se enseña durante la especialización. La generalización del aborto farmacológico supone una menor formación e implicación del personal médico y sanitario, ya que "es la mujer la que prácticamente, por sí misma", realiza el aborto
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