Sanidad y las CCAA se reúnen otra vez para preservar el modelo sanitario público

Madrid.- El Consejo Interterritorial de Salud, convocado para el 31 de mayo, va a tratar, entre otros puntos, un plan de actuación para promover la cohesión y sostenibilidad del Sistema Sanitario, amenazado por la crisis económica.

La agenda de la reunión no contempla el debate sobre el "copago" de los servicios sanitarios por los ciudadanos, después de que la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, haya descartado esta medida, tras reconocer, sin embargo, que esta posibilidad está sobre la mesa.

Gobierno y comunidades sí consensuarán el calendario de trabajo para aplicar las acciones dirigidas a promover "la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad" del Sistema Nacional de Salud (SNS) acordadas en el Consejo del 18 de marzo.

En ese marco se decidió adoptar "criterios comunes" para las retribuciones de los profesionales sanitarios, un tema que resultará especialmente controvertido después de que el Gobierno haya decidido recortar un 5% su salario y congelarlo en 2011, al igual que le ocurrirá al resto de empleados públicos.

Los consejeros del PP ya han criticado esta medida porque, en palabras de la vicepresidenta del Congreso y responsable de Política Social del partido, Ana Pastor, los médicos y las enfermeras "no deben pagar los platos rotos de la incapacidad del Gobierno para tomar a tiempo las decisiones apropiadas ante la crisis".

Figuran, entre los retos a abordar a corto plazo y a los que se pondrá fecha el lunes, el establecimiento de un registro de profesionales, que permita la eficiencia del sistema y el control del gasto; la aprobación de una norma para la universalización de la cobertura del SNS y otra sobre tiempos máximos de espera quirúrgica.

Además, se tendrá que perfilar cómo se aprueba un calendario vacunal único y se mejora el uso del acceso del ciudadano a las nuevas tecnologías o E-health y la historia clínica digital común.

Queda pendiente también la anunciada "central de compras", a la que las comunidades se podrán sumar de forma voluntaria para hacer una adquisición centralizada de medicamentos y productos sanitarios, y calibrar los precios de los proveedores.

El Consejo Interterritorial analizará el proyecto de real decreto sobre Receta Médica y Órdenes de dispensación, junto con un informe sobre la Estrategia de Cuidados Paliativos, según el orden del día facilitado por el Ministerio.

Los representantes autonómicos conocerán de primera mano el desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción voluntaria del embarazo así como otro decreto para garantizar la calidad asistencial de la prestación.

Al amparo de ambas normativas, será el médico quien decida si las menores de 16 y 17 años pueden abortar sin informar a sus padres, cuando aleguen posibles maltratos, aunque los facultativos podrán recurrir a un psicólogo o a un trabajador social si tienen dudas.

Asimismo, las clínicas acreditadas para practicar abortos tendrán un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, el 5 de julio, para adecuarse a las nuevas condiciones.