La próxima Semana Santa que comienza el fin de semana del 27 de marzo va camino de ser otra fecha marcada por el desacuerdo entre territorios por las medidas para mantener a raya al coronavirus. Esa falta de entendimiento puede llegar por el rechazo de una sola autonomía a que se tomen medidas que limiten la movilidad. La 'díscola' es la Comunidad de Madrid, que no quiere dejar escapar los buenos efectos que tendría sobre la economía una apertura total de su territorio después de que la curva de contagios se haya estabilizado. Una postura de apertura total que abandera su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y que el resto de autonomías no comparte. Todas las demás tienen claro que hay que tomar medidas de algún tipo para impedir una posible expansión del virus por los viajes entre regiones. Unas diferencias que han quedado aún más claras tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebró el miércoles.
La decisión de cómo afrontar la Semana Santa se ha postergado una semana. Esta se basará en una propuesta de la Comisión de Salud pública de acciones coordinadas, que se discutirá dentro de una semana el Ministerio de Sanidad y las Consejerías del ramo. Pero en la reunión de este miércoles, la región madrileña ha sido la única que ha propuesto restricciones de algún tipo para esos días festivos, según explican fuentes del encuentro consultadas por La Información. Para empezar, se quejó de que se enteró de la propuesta del Gobierno central para mantener las limitaciones a través de los medios de comunicación. Sus representantes también se mostraron sorprendidos de que ahora se quisiera llegar a un consenso en las medidas cuando en otras ocasiones, y a propuesta de Madrid, este no se ha producido. "Que se escuche la voz de todos y que no se vaya con las conclusiones ya tomadas", dicen fuentes de la autonomía liderada por Díaz Ayuso.
Esas quejas de Madrid sobre el consenso que le piden que asuma tienen que ver con otras batallas que se han producido durante la crisis sanitaria. Entre los ejemplos están su reclamación hace meses de que se hiciera obligatoria la mascarilla en todos los ámbitos, que se empezaran a realizar los test de antígenos en farmacias o que se llevaran a cabo controles de fronteras más severos para evitar la llegada de contagiados a través del aeropuerto de Barajas. "Nos sorprende que se aluda ahora a la unidad en el Consejo Interterritorial cuando, siempre que Madrid ha propuesto una iniciativa y posteriormente se ha aprobado, ha habido una negativa de entrada", destacan fuentes de la CCAA madrileña. Por eso, y ante su postura de que haya entradas y salidas con normalidad, ha reclamado "generosidad".
Preocupación en las CCAA fronterizas
Las que más preocupadas están con esta postura son las que comparten frontera con el territorio de Ayuso, según las fuentes consultadas. Castilla-La Mancha y Castilla y León han compartido la idea de que se acuerde un plan homogéneo que sirva para que todos contengan a la vez el virus en unos días tan señalados. La autonomía que preside Emiliano García-Page ha trasladado al resto que pretende mantener el cierre perimetral. Aunque ha señalado que esperará tanto al consenso como al momento en el que se acerque la fecha para decidir cuáles son las limitaciones por las que apuestas. Su argumento es parecido al de la región castellano-leonesa que lidera Alfonso Fernández-Mañueco, que ha tildado de "imprescindible" que no haya diferencias en las estrategias a seguir.
Otras CCAA que son susceptibles de recibir visitas desde Madrid difieren en las medidas. Lo que sí tienen claro es que no están en la postura de llevar a cabo una apertura total, como apuntan las mismas fuentes. La más severa es Asturias, que ya ha advertido de que no flexibilizará medidas en ningún caso. Galicia y Andalucía también quieren mantener sus cierres perimetrales, aunque los gallegos han recordado que aún quedan cuatro semanas hasta la fecha clave. Además, la Comunidad Valenciana ha reclamado que se unifiquen criterios. Para lo que ve imprescindible que el principal acuerdo sea el de que se apliquen los cierres de todos los territorios a la vez.
Para allanar el camino a que en todos los lugares se haga lo mismo, Extremadura ha ido más allá y ha planteado que el Consejo acuerde un plan que sea obligatorio para las CCAA. Las fuentes consultadas señalan que los representantes extremeños han puesto sobre la mesa que debería elaborarse "una orden vinculante para llevarla a cabo por todas las comunidades". Esta medida, a su juicio, generaría seguridad y facilitaría que se adelantaran a la propagación del coronavirus, añaden las mismas fuentes de la reunión. Algo que obligaría a Madrid a cerrar perimetralmente. Y que de paso serviría para despejar las dudas que han planteado otras comunidades. Entre ellas está el País Vasco, que ha anunciado que esperará al siguiente Consejo Interterritorial y a los datos de la próxima semana para manifestar su posición. Una línea que antes seguía Canarias, que antes planteaba una apertura, y tras la cita del miércoles se ha sumado a la petición de consenso.
Esta toma de contacto ha servido a las autonomías y al Gobierno central para ganar tiempo ante una Semana Santa que se prevé descafeinada. Las procesiones en lugares emblemáticos como Andalucía ya han sido suspendidas. Tampoco está previsto que vayan a autorizarse grandes celebraciones en ningún punto. Lo que sí quiere Madrid es que puedan llegar visitantes de otros lugares para que disfruten de su oferta cultural y gastronómica. Algo que, según Ayuso, se haría cumpliendo todas las medidas establecidas. Aunque sin dar carta blanca a los vacunados, como ha planteado su vicepresidente, Ignacio Aguado. Una "opinión personal", según fuentes de los naranjas, que ha provocado que la presidenta madrileña le desautorizara en público.
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