Un informe sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica en la Comunidad Foral, realizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) por encargo del Gobierno regional, ha identificado a 31 supuestos abusadores y 52 víctimas, que son "la punta del iceberg".
Según los datos del estudio, los abusos identificados se cometieron en 17 centros educativos o instituciones de 10 congregaciones en 12 municipios, y sus autores fueron un director de centro, 21 profesores, un fraile, dos sacerdotes, tres enfermeros, tres regentes de tiendas de material escolar o golosinas y un portero.
En cuanto a las víctimas, el informe ha identificado a 52, aunque en los últimas días otras siete se han puesto en contacto con la UPNA para ser entrevistadas, lo que refleja que son "la punta del iceberg".
Por ello, el consejero de Justicia, Eduardo Santos, ha apostado por una iniciativa legislativa para reconocer la condición de víctimas de manera oficial a través de una comisión en el Parlamento navarro que pueda elaborar un informe "completo y exhaustivo que permita, además, poner a disposición de las víctimas la justicia restaurativa".
La posición de las plataformas católicas
La plataforma NEOS, impulsada por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, entre otros, ha reprochado la decisión del Gobierno de promover una comisión para investigar los abusos sexuales a menores cometidos en instituciones católicas y ha acusado al Ejecutivo de abrir una "causa general" contra la Iglesia.
"Los abusos sexuales perpetrados contra menores son unos delitos abominables. Los culpables merecen un severo castigo penal y la colaboración de todos para esclarecer estos crímenes", asegura la plataforma en un comunicado, si bien considera que estos casos no justifican la iniciativa "descabellada" del Gobierno.
En su opinión, el Ejecutivo pretende "poner bajo sospecha y acusar a la institución entera" con la creación de una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo para investigar los abusos.
"Se trata de una campaña que solo pretende desacreditar y destruir a la Iglesia, aprovechando la realidad de unos crímenes atroces que afectan a otros muchos grupos e instituciones contra los que no se actúa con la misma contundencia", censura.
La plataforma, de la que también forman parte la expresidenta del PP vasco, María San Gil, o el exalcalde de A Coruña Paco Vázquez, afirma que es una campaña "jurídicamente estéril" que "ni va a castigar a los culpables, ni va a resarcir a las víctimas".
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