No está siendo un año sencillo para la flota pesquera del Cantábrico y el Atlántico. De A Guarda (Pontevedra) a Hondarribia (Gipuzkoa). Los problemas con el Brexit; unas costeras de la caballa, la anchoa y el bonito muy cortas y en las que se ha demostrado la insuficiencia de la cuota asignada; los apresamientos -ya se llevan tres, el último el del pesquero Villa Fraga, con sede en Burela (Lugo)- por parte de las autoridades irlandesas en el mítico caladero de Gran Sol... A todos estos problemas se le suma la ‘guerra del bacalao’ que ha emprendido Noruega contra la ya de por sí exigua flota bacaladera española (compuesta por dos barcos gallegos y otros dos vascos) y comunitaria que faena en aguas del archipiélago Svalbard, en el Círculo Polar Ártico.
Un conflicto que los pesqueros afectados interpretan como un choque por las ingentes reservas de petróleo, gas o uranio que hay en la zona, que va camino de degenerar en un grave conflicto diplomático entre Noruega y la Unión Europea y, además, llevarse por delante una actividad centenaria: la pesca del bacalao en aguas árticas por parte de marineros vascos y gallegos.
El Tratado de París de 1920, firmado por 46 países tras la I Guerra Mundial -y que en este punto sigue vigente- establece "la soberanía de Noruega sobre Svalbard". No obstante, se trata de una soberanía condicionada. Noruega es el país que tiene la potestad de legislar y hacer cumplir la ley en las islas y sus aguas, pero los ciudadanos y empresas de los países firmantes del tratado tienen los mismos derechos que los noruegos, no pueden ser discriminados administrativamente y tienen derechos sobre sus recursos naturales. Igualmente, la administración de Svalbard no puede suponer un beneficio económico para Noruega, por lo que los impuestos y tasas recaudados en el territorio no pueden engrosar las arcas del Estado. En otras palabras, Noruega no puede cobrar impuestos por encima de lo que se necesite para la propia administración de Svalbard.
También el tratado fuerza a Noruega a velar por la preservación medioambiental del archipiélago, que tiene cantidades ingentes de pescado, además del mencionado petróleo, gas, uranio o tierras raras. Los 14 barcos de la UE que faenan en Svalbard y sus derechos históricos son, en realidad, quienes fijan el tratado y el gran impedimento para que Noruega acceda y explote esas ingentes cantidades minerales que existen en el archipiélago y sus aguas circundantes. “Con el petróleo o el gas que existe en Svabard Noruega se garantiza las exportaciones a la UE de estos combustibles durante los próximos 30 años”, asegura Ignacio Urcola, Director Gerente de la empresa vasca Velaxpex, armadora del buque ‘Arosa Nueve’, uno de los cuatro bacaladeros que faenan en Svalbard. "Noruega va de defensor del medio ambiente pero vive del petróleo y el gas, los combustibles más contaminantes. El país es una mezcla extraña, un híbrido entre un país de cultura luterana y un reino petrolero del golfo arábigo", opina.
Un país con un fondo soberano -el mayor del mundo, con un patrimonio que supera el billón de euros- construido a partir del petróleo y el gas y que invierte en todo el mundo, también en España. Con solo 5,3 millones de habitantes, a cada ciudadano del séptimo productor mundial de petróleo y el tercero de gas natural le corresponden cerca de 200.000 euros.
Así, con la pesca del bacalao como excusa, Noruega ha desafiado a la Unión Europea con una interpretación ‘sui generis’ del Tratado de París y con la intención de expulsar a la flota comunitaria de las aguas de Svalbard y gestionar unilateralmente su riqueza. Así, la Comisión Europea, en ciertas notas diplomáticas, sitúa al país escandinavo “fuera de la ley” con sus acciones en Svalbard. Y es que una vez consumado el Brexit, Noruega rebajó unilateralmente la cuota de bacalao de la Unión Europea en el Mar de Barents y negoció con Reino Unido un cupo de casi 7.000 toneladas que 'restó' a la flota comunitaria, reduciendo las cerca de 25.000 que le corresponden a algo menos de 18.000.
Además, y de manera unilateral, Noruega también aumentó su cuota de caballa un 55%, causando un grave perjuicio a la flota de bajura del Cantábrico. Los barcos españoles que faenan en el Mar de Barents tienen una cuota total de 2.066 toneladas de bacalao. De ellas, 1.678 toneladas en aguas internacionales y 388 más en la zona económica exclusiva noruega. Y Noruega ya ha advertido: apresará a todo barco que supere la cuota asignada. “Nos están haciendo inspecciones de entre 8 y 28 horas”, explica el director gerente de Velaxpex.
“Noruega actúa como el matón del patio. El nuevo rico que amenaza y amedranta a los demás chavales y el profesor, la UE, no hace nada para defender a sus alumnos”, dice Iván López, director general de la Pesquera Ancora, de Vigo, que cuenta con el Lodeiro, el pesquero más grande de España, con 86 metros de eslora, que faena en Svalbard capturando bacalao.
¿Cómo ha respondido la Unión Europea? De momento, apuesta por la vía diplomática para lidiar con un 'socio preferente', a la espera de las elecciones de este próximo 13 de septiembre, en las que todas las encuestas dicen que la coalición de derechas que lidera la primera ministra Erna Solberg desde 2013 perderá los comicios en Noruega. Pero las empresas pesqueras implicadas en el conflicto piden a la UE "mano dura”, sanciones, y que "se haga valer para defender la legalidad internacional". "¿Para qué sirve si no la UE? Yo voy a defender con uñas y dientes el pan de las 56 familias que dependen de esta pesca en mi empresa", dice la cabeza visible de Ancora. Hasta la patronal europea de la pesca, Europêche, presidida por el español Javier Garat, ha pedido el boicot de los consumidores a los productos pesqueros noruegos, como el Skrei o el salmón.
El Estado escandinavo alega razones medioambientales, de control pesquero y de soberanía para justificar sus decisiones en torno a Svalbard
La flota bacaladera española, que en los años dorados (los 60, 70 y principios de los 80) llegó a contar con más de 160 barcos y casi 5.000 marineros, sufrió una de las reconversiones (con fondos europeos) más "brutales" del sector. Hasta el punto de que apenas quedan ya cuatro empresas, las vascas Velaxpex y Laurak Bat y las gallegas Ancora y Valiela, con base en Pasaia (Gipuzkoa) y Vigo, y con sus cuatro barcos, unos 100 marineros enrolados en ellos y que generan otros 500-600 puestos de trabajo indirectos en tierra. Es el resultado de las continuas restricciones a la pesca del bacalao, primero en Canadá, en el mítico caladero de Terranova, y ahora en Noruega.
El Estado escandinavo alega razones medioambientales, de control pesquero y de soberanía para justificar sus decisiones en torno a Svalbard, pero detrás, las empresas pesqueras afectadas consideran que sus razonamientos se caen por su propio peso cuando es la propia Noruega la que esquilma el caladero con la pesca ilimitada del bacalao Skrei y la caza de focas y ballenas. Además, para Noruega, que exporta todos los años a la UE pescado por valor de 1.600 millones de euros, el recorte de cuota bacaladera a la flota comunitaria apenas supone las cifras que exporta en un solo día.
Las empresas bacaladeras españolas, que reconocen que pese a su pequeño tamaño su actividad es todavía rentable, auguran el fin de la misma si la UE no pone coto a las restricciones implantadas de manera unilateral por Noruega. Un problema más para nuestro sector pesquero. Un sector de grandes dimensiones y una enorme importancia económica para el país: 8.972 barcos; 31.473 empleos directos y una exportaciones de 4.344 millones de euros, según la patronal CEPESCA.
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