México, 29 sep.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México desestimó hoy un recurso contra la ley antiabortista del estado de San Luis Potosí, ya que los ministros que estaban a favor de anular esa normativa no alcanzaron la mayoría calificada.
Al igual que sucedió ayer con una demanda de inconstitucionalidad contra la ley antiabortista del estado de Baja California (noroeste), siete ministros votaron a favor de invalidar la norma de San Luis Potosí que protege la vida desde la concepción y otorga al no nacido los derechos de una persona, y cuatro respaldaron la ley.
Sin embargo, como sucedió en el caso de Baja California, se requerían ocho votos para anular la norma antiabortista, con lo cual la acción de inconstitucionalidad fue desestimada.
En la medida en que el Supremo no logró emitir una posición en ningún sentido, tanto la votación de hoy como la del jueves no sientan jurisprudencia en el país.
Por la inconstitucionalidad votaron los ministros José Ramón Cossío, Sergio Valls, Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, Luis María Aguilar, Fernando Franco y el presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, mientras que por su constitucionalidad lo hicieron Jorge Pardo Rebolledo, Salvador Aguirre, Margarita Luna y Guillermo Ortiz.
A diferencia de la ley de Baja California, la de San Luis Potosí establece que la terminación del embarazo no es punible cuando es resultado de inseminación artificial no consentida, cuando está en peligro la vida de la mujer, en casos de violación sexual o de un accidente.
La discusión en la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de las leyes antiabortistas de esos dos estados despertó gran interés en la sociedad mexicana, debido a que 18 estados del país tienen legislaciones que defienden el derecho a la vida del nasciturus o no nacido y penalizan el aborto.
Una decisión en firme de la SCJN hubiera tumbado las leyes antiabortistas en Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Sonora, Morelos, Colima, Puebla, Jalisco, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas.
En el país, solo en Ciudad de México, donde gobierna el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), es legal desde 2007 la interrupción del embarazo dentro las primeras doce semanas de gestación.
Esa despenalización del aborto en el congreso de la capital mexicana provocó el inicio de una contracampaña en los demás estados, en los que se elaboraron leyes que protegen la vida desde la concepción. En Guanajuato, por ejemplo, se castiga con cárcel a las mujeres que abortan.
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