¿Cómo se puede compensar económicamente a las víctimas de la Guerra Civil? El artículo 3 del Proyecto de Ley de Memoria Democrática considera víctimas "a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales".
¿Cuál fue el daño patrimonial en los tres años de la Guerra Civil? Existen muchos estudios. La mayor parte de ellos fueron compilados en una obra de más de mil páginas escrita por José Ángel Sánchez Asiain, que fue el presidente de Banco de Bilbao. Sánchez Asiain dedicó 20 años a escribir su obra, titulada 'La financiación de la Guerra Civil'.
Los datos son terribles. El coste de la guerra fue de 30.000 millones de pesetas, más o menos 1.000 millones de pesetas al mes, según Hugh Thomas y David Eccles (citados por Sánchez Asiain). Si se calculan en pesetas constantes y partiendo del valor de 1936, eso equivaldría a 1.500 millones de euros al mes actuales.
La población activa disminuyó en medio millón de personas, según la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico de la presidencia de Gobierno. Según esa misma Comisaría, se destruyeron o dañaron medio millón de viviendas y se hundieron 225.000 toneladas de flota mercante. Se perdió el 22% de la capacidad de transporte. Desapareció la mitad del parque móvil ferroviario, y las redes de carreteras y ferrocarriles quedaron muy afectadas. Los daños en bienes inmuebles fueron de unos 4.250 millones de pesetas, según Thomas. Los bienes de equipo sufrieron por falta de inversiones, aunque, en palabras de Sánchez Asiain, no hubo grandes destrucciones fabriles.
Ahora bien, hubo una notable diferencia entre los dos bandos: los analistas citados por Sánchez Asiain coinciden en que el desarrollo industrial en la zona franquista se desenvolvió normalmente, "y a veces con indiscutible éxito, mientras que la industria situada en zona republicana tuvo un comportamiento, en general, mucho peor".
El historiador Jordi Catalán elaboró un mapa con las provincias que tuvieron mejor comportamiento económico en la guerra civil, y las que peor lo hicieron. La mayor parte de las más productivas estaban en el territorio conquistado por las tropas sublevadas, y las peores, estaban en territorio republicano. ¿De dónde partió esta diferencia? "La revolución conllevó en muchas ocasiones la huida de los gestores, y erosionó los apoyos a la República de las potencias democráticas". Pero hubo más factores: en la zona republicana, las colectivizaciones eran comunes. Las tropas republicanas además requisaban los bancos y abrían las cajas de seguridad. En Barcelona, abrieron las cajas de seguridad de muchos bancos, y se llevaron valores en metálico y joyas que procedían de Madrid y otras regiones. Es decir, los legítimos dueños quedaron privados de sus bienes.
Caso curioso es lo que el propio Sánchez Asiain contaba en tono confidencial que había sucedido en una sucursal de un banco en Madrid. Un grupo de milicianos entró a desvalijar las cajas de seguridad y de repente abrieron una caja que pertenecía a Francisco Franco: al abrirla solo encontraron una cubertería de plata, que era el regalo que le hacían a todos los generales que se graduaban en la Academia.
Las 'apreturas' del bando republicano
A medida que avanzaba la guerra, el gobierno republicano estaba cada vez más acuciado por su financiación. En 1937 obligó a "todas las personas naturales y jurídicas" a entregar "plata pura o aleada en lingotes, pasta hilo u otra forma que no constituya alhaja ni objeto artístico de uso doméstico, de comodidad o aseo". Tampoco se podían atesorar pesetas antiguas de plata. Pero el gobierno republicano tuvo que escalar más y en agosto de 1937 decretó que en el plazo de un mes los ciudadanos españoles estaban obligados a entregar en depósito las piedras y metales preciosos, perlas y joyas que estuvieran en su poder. Finalizado ese periodo, la posesión era un delito de contrabando. El último paso fue una orden del 11 de diciembre de 1937 en la que los juzgados especiales tenían la facultad para proceder a la apertura de cajas de alquiler y de seguridad en los bancos.
Para evitar que los clientes fueran expoliados por los revolucionarios, muchos directores de bancos llamaban a los clientes para recomendarles que sustituyeran los contenidos de sus cajas por objetos de poco valor. Según Sánchez Asiain, ese mecanismo "salvó muchos ahorros". En cambio, en la zona sublevada, los depósitos de las cajas de seguridad fueron trasladados a varios bancos regionales como el Pastor, el Zaragozano, el Castellano, el de La Coruña y el Herrero.
En Cataluña, muchos empresarios perdieron sus empresas por un decreto de once puntos aprobado en agosto de 1936, impulsado por Josep Tarradellas, consejero de Servicios Públicos, Economía y Finanzas de la Generalitat (ERC). Se nacionalizaron empresas y bancos, se colectivizó la propiedad rústica y se entregó a sindicatos de campesinos, se devaluó el precio de la vivienda y se redujo la renta, se colectivizaron las grandes industrias y se las entregó a los sindicatos, fueron incautadas o colectivizadas las empresas cuyos propietarios habían huido, la banca fue nacionalizada y se estableció el control obrero de las operaciones financieras. Lo mismo sucedió con las compañías de seguros y las cajas de ahorros. Manuel Azaña, presidente de la República, llegó a calificar todo el plan de "ilegal", a pesar de que lo hacían representantes del bando republicano.
Al finalizar la guerra, se recuperaron bastantes depósitos que habían salido de España, como los valores de todo tipo en bancos vascos. En 1939, un barco procedente de Francia trajo 9.573 cajas, por valor de 10.000 millones de pesetas. El gobierno de Franco, según relata Sánchez Asiain, hizo una clasificación pormenorizada de los activos expoliados en el lado republicano, con la idea de restituirlos a sus dueños. Pero otros se perdieron para siempre porque sencillamente habían sido expoliados.
Algo peor sucedió con el patrimonio de la Iglesia. En tres años desaparecieron bajo las llamas archivos, retablos, cuadros, ropas y figuras. Decenas de edificios fueron incendiados como la iglesia de San Andrés, donde se guardaban los restos de San Isidro, y la de las Escuelas Pías. Ambas en Madrid. La mayoría de los sacerdotes fueron asesinados.
La Ley de Responsabilidades Políticas
Como precedente a la ley de Memoria Democrática, antes de terminar la guerra, el gobierno franquista aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, aunque en aquella ocasión fue para dar un escarmiento económico, político y social a "las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave”.
Se impusieron sanciones a los responsables del bando perdedor y, al igual que la Ley de Memoria Democrática, se viajaba al pasado para establecer el origen del delito. En el caso de la Ley franquista, se partió del 1 de octubre de 1934, pues así abarcaba el golpe de Estado del PSOE y UGT y los anarquistas contra la República.
Mediante la norma, quedaban fuera de la ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que se integraron en el llamado Frente Popular (1936). Esos partidos sufrieron "la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes. Estos pasarán íntegramente a ser propiedad del Estado". Gran parte de esos bienes fueron restituidos durante la Transición.
El anteproyecto de Memoria Democrática quiere cerrar ese capítulo de las incautaciones de la guerra. En el capítulo III, (La reparación), dice: “La Administración General del Estado promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas. Esta auditoria incluirá un inventario de bienes y derechos incautados”.
Para ser ecuánime, se puede pensar que esa auditoría tendría que incluir los depósitos expoliados a los españoles en el lado republicano. También debería incluir las empresas que fueron incautadas por milicianos o sindicatos, las joyas, obras de arte, así como las tierras ocupadas. Hay tesoros artísticos que no pueden ser recuperados como los retablos, pinturas, libros y archivos de las iglesias. Incluso los depósitos en oro en el Banco de España que, según la documentación fehaciente, acabaron en Rusia como pago a la ayuda soviética a la causa republicana.
Sánchez Asiain muestra el acta de la recepción de 7.800 cajas de oro que contenían “en total 15.571 (quince mil quinientas setenta y una) sacas con monedas de oro de designación y de acuñación diferente de diferentes países, 64 (sesenta y cuatro) lingotes de oro y 4 (cuatro) paquetes de virutas de oro”. Esas cajas nunca volvieron.
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