Tragedia muestra el lado sórdido de los centros de rehabilitación en Perú

  • La muerte de 27 personas en un incendio ha puesto en evidencia el hacinamiento y la informalidad en muchos de los centros de rehabilitación para personas adictas a las drogas y el alcohol en Perú.

Lima, 29 ene.- La muerte de 27 personas en un incendio ha puesto en evidencia el hacinamiento y la informalidad en muchos de los centros de rehabilitación para personas adictas a las drogas y el alcohol en Perú.

"Este centro de rehabilitación era una guarida de la muerte", declaró hoy la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, tras confirmar que el local funcionaba sin permisos de la municipalidad de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Perú, con casi un millón y medio de habitantes.

Según los testimonios de los sobrevivientes, el siniestro comenzó la mañana del sábado cuando algunos internos del primer piso del local intentaron huir y quemaron trapos que terminaron por propagar el fuego.

Un sobreviviente, identificado como Víctor de la Cruz Caballero, narró a los periodistas que estaban desayunando cuando de pronto escucharon que los vidrios de las ventanas del primer piso se rompían y se desató el pánico al comprobar que se había iniciado el fuego.

Otro interno, que se identificó como Jean, afirmó que tuvieron que romper los seguros de una puerta con un ladrillo para poder escapar de las llamas y el humo.

Jean confirmó que vivían hacinados: "en un cuarto entraban tres camarotes de tres pisos, cada uno dormía en un camarote. En la sala dormían los que no tenían cama, había colchonetas, eran las personas mayores".

Los parientes de otro interno, identificado como Germinio Rojas, aseguraron que en el centro de rehabilitación maltrataban a los internos y que los encargados no permitían las visitas aduciendo que tenían que estar aislados para recapacitar sobre su adicción.

"Pagamos 40 soles semanales (14,8 dólares) para que les den de comer, pero ahora nos acabamos de enterar que les daban comida podrida que recogían del mercado", denunciaron.

Cruz Caballero negó, sin embargo, las versiones que indican que el director Raúl García Albornoz, que está en condición de prófugo de la justicia, los sometía a malos tratos.

"Solo cuando nos portábamos mal recibíamos un correctivo. Nos ponían a meditar, sin ver tele, todo el día con tu biblia o sin dormir. Correctivos suaves, no más", aseguró.

La amplia cobertura dada a la tragedia permitió confirmar las condiciones extremas en que funcionan muchos centros de rehabilitación, que captan a sus internos con un discurso vinculado a la religión y las lecturas bíblicas.

La presidente de la agencia estatal para el control y la lucha contra las drogas Devida, Carmen Masías, reveló que en Perú hay cerca de 100.000 personas dependientes de las drogas, sin considerar a los alcohólicos.

Para atenderlos, señaló al diario El Comercio, existe una "gran carencia de cobertura" en los centros de salud, que solo disponen de 700 camas para estos casos.

El periodista y analista César Levano, director del diario La Primera, afirmó, por su parte, que esta tragedia es "un grito de acusación contra un Estado que ha desmantelado la atención de enfermos mentales y adictos a las drogas ilícitas".

"Un resultado del abandono estatal es la proliferación de centros de rehabilitación privados, que en la mayoría de los casos no son sino un negocio inescrupuloso", enfatizó para decir que los ambientes del albergue "eran, aparte de un atentado contra la salud, un pasaje a la muerte".

La Defensoría del Pueblo anunció que investigará si los internos eran sujetos a abusos y retenidos contra su voluntad, mientras que la Municipalidad de Lima entregará ataúdes y nichos en tres cementerios de la capital para que sean enterrados los fallecidos, varios de los cuales aún permanecen en la morgue sin ser identificados.

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