Tras el ATC, la energía y la política del agua, sobre el tejado del Gobierno

  • El nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy deberá, lidiar en la legislatura con cuestiones como la política energética e hidrológica del país, una vez que hoy ha decidido que el almacén de residuos radiactivos de alta actividad (ATC) se ubicará en Villar de Cañas (Cuenca).

Madrid, 30 dic.- El nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy deberá, lidiar en la legislatura con cuestiones como la política energética e hidrológica del país, una vez que hoy ha decidido que el almacén de residuos radiactivos de alta actividad (ATC) se ubicará en Villar de Cañas (Cuenca).

Durante la última etapa socialista, quedaron en el tintero una serie de iniciativas legislativas, que al decaer como consecuencia de la disolución de las Cortes, ahora podría recuperar cualquiera de los grupos políticos con representación en el arco parlamentario.

Entre los temas pendientes con implicaciones ambientales figuran la ley de Eficiencia Energética y Ahorro de Energía y la Ley de Calidad y Sostenibilidad Urbana.

Dentro del capítulo medioambiental de su programa electoral, el PP sólo refleja su compromiso de aumentar el patrimonio forestal español como medio para fijar más CO2 y frenar el cambio climático.

De modo muy genérico, apostaba también por la responsabilidad ciudadana en el respeto al medio ambiente, la conservación de la naturaleza, la preservación de la biodiversidad y el cuidado de los animales.

Entre las primeras decisiones ambientales del ejecutivo de Rajoy mantener el rango ambiental en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la acordada hoy sobre la ubicación del ATC en la localidad conquense de Villar de Cañas.

Esta era una cuestión que apremiaba, debido al coste que supone cada día mantener los residuos de Vandellos I en Francia (60.000 euros diarios) y al hecho de que se acerca la fecha de saturación de las piscinas de combustible radiactivo de las nucleares, a lo que se ha sumado la reciente resolución del Consejo de Seguridad Nuclear de limitar el tiempo de almacenamiento de este combustible gastado.

En el plazo máximo de un año, el CSN deberá emitir una instrucción al respecto.

Otro asunto pendiente será perfilar la política energética del país, en especial el papel que deben desempeñar las renovables y la energía nuclear, con el cierre previsto de la planta de Santa María de Garoña (Burgos) a la vuelta de la esquina (2013).

En los últimos meses, el PP se ha mostrado favorable a un mix energético en el que tengan cabida todas las energías primarias, incluida la nuclear.

Respecto a esto último y con el fantasma de Fukushima aún muy presente en la opinión pública, ha dicho que fundamentará sus opiniones en la consideraciones técnicas del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El PP, al igual que hicieron sus predecesores, desea también promover un Pacto de Estado del Agua, basado en la unidad de cuenca, la prioridad de uso en la propia cuenca y la solidaridad interterritorial.

En política hidráulica se arrastra un retraso de dos años, fecha en la que expiró el plazo para aprobar los planes hidrológicos de cuenca -algunos ya muy avanzados- y poder presentarlos a la Unión Europea.

Durante esta legislatura, el nuevo Gobierno también deberá elaborar el reglamento de la ley de residuos, que establece la paulatina desaparición de las bolsas de plástico (en 2018) y abre el camino para volver a implantar el antiguo sistema de retorno de envases.

Por último, dependerá de los tribunales si se procede o no a la demolición del polémico hotel de El Algarrobico, situado en Cabo de Gata (Almería), un ejemplo de los desmanes urbanísticos en la costa española.

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