Tribunal de Alabama suspende partes de controvertida ley de inmigración

Washington, 28 sep.- Un tribunal federal de Alabama (EE.UU.) bloqueó hoy temporalmente algunas de las partes más polémicas de una ley estatal contra los inmigrantes indocumentados que debía entrar en vigor el pasado 1 de septiembre.

La ley HB56, que convierte en delito la presencia de indocumentados en Alabama, fue objeto de demandas por parte de la Administración del presidente Barack Obama y de grupos cívicos y religiosos a principios de agosto pasado.

En su dictamen de 115 páginas, la juez federal Sharon Lovelace Blackburn, prohibió al Gobierno estatal de Alabama que aplique cuatro de las cláusulas contenidas en esa ley, promulgada por el gobernador Robert J. Bentley el pasado 9 de junio.

Sin embargo, la juez no se pronunció sobre la constitucionalidad de la H.B.56 que, según sus detractores, atropella los derechos civiles de los inmigrantes e interfiere en una labor que sólo corresponde al Gobierno federal.

Como resultado de su decisión, las autoridades de Alabama no podrán -al menos por el momento- arrestar a indocumentados que soliciten o realicen trabajos en lugares públicos o privados, ni podrán arrestar a personas que oculten, transporten o alberguen a indocumentados.

Tampoco se prohibirá que las compañías puedan declarar como gasto empresarial, a efectos de impuestos, los salarios pagados a trabajadores indocumentados.

El texto de la ley, que se inspiró en la SB1070 de Arizona de 2010 -frenada parcialmente en las cortes-, exige que la Policía, cuando detenga a alguien por alguna infracción, le pida los "papeles" si sospecha que es un inmigrante indocumentado.

También criminaliza la presencia de indocumentados en Alabama y castiga a quienes les ofrezcan transporte, albergue o cualquier otro tipo de ayuda.

Además, exige que las escuelas públicas determinen el estatus migratorio de todos los estudiantes inscritos, y obliga a las empresas a que usen el programa "E-Verify" para verificar el estatus legal de sus nuevos empleados, so pena de multas.

Alabama es el quinto estado de EE.UU. en adoptar leyes para combatir la inmigración ilegal, ante la ausencia de una reforma migratoria que permita la legalización de los once millones de inmigrantes indocumentados en el país.