Trinidad Jiménez dice que el PP no impedirá que la Ley del Aborto se presente "como estaba previsto"

Madrid.- La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha dicho hoy que el desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo se presentará "en plazo", antes de su entrada en vigor el 5 de julio, "tal y como está previsto".

Jiménez ha hecho estas declaraciones tras concluir el Consejo Interterritorial de Salud, en el que los consejeros del PP han solicitado la retirada de los dos decretos que desarrollan la Ley, ante el recurso de inconstitucionalidad que presentarán mañana.

Los populares han criticado la "inseguridad jurídica" en la que, en su opinión, quedarán los médicos, al tener que ser ellos quienes decidan si las menores de 16 y 17 años pueden abortar sin informar a sus padres en el que caso de que aleguen coacciones.

Ha esgrimido, frente a estas críticas, que la nueva normativa da "mayor seguridad jurídica" a los profesionales y "clínica" a las mujeres.

Según la ministra, el propio presidente de la Organización Médico Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, reconoció que "nadie mejor que los propios profesionales" pueden valorar la situación de las menores, aunque ha subrayado que estos casos "serán los menos".

"El temor" de las jóvenes, según la ministra, será valorado por los médicos "dando crédito a lo dicho por la propia joven" y con la ayuda opcional de un psicólogo y de un trabajador social.

El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha aclarado que esto no complicará los trámites burocráticos porque serán las afectadas las que decidan a qué profesionales acudir.

Aunque la ministra considera "respetable" la postura de los populares, ha confesado que no entendía su posición, ya que no se basa en un "debate técnico" sino en "un no reiterado" a una Ley que ellos mantuvieron cuando estaban gobernando.

Ha negado que la aplicación de esta Ley suponga un gasto adicional para la Sanidad, al no ser una nueva prestación, y ha recordado a los dirigentes del PP que, como ministra, tiene un "mandato legal" de desarrollar el texto legislativo.

Jiménez ha sentenciado que esta Ley pone el acento en la "prevención, en la información y la planificación" y que, por lo tanto, lo que busca es que se reduzca el número de abortos. En esta línea, ha apuntado que estas intervenciones se han reducido ya en un 10 por ciento.

En el marco del Consejo se han debatido las medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema de salud, pero "nadie ha mencionado la palabra copago", según ha dicho la ministra.

"Este Ministerio no se plantea establecer el copago", ha subrayado Jiménez, mientras que la consejera de Cataluña, Marina Geli, sí ha apostado por esta medida antes de entrar en la reunión.

La ministra se ha felicitado de la "buena acogida" que ha tenido la creación de una central de compras para racionalizar el gasto, una medida aprobada en el Consejo celebrado el 18 de marzo, y que se ha estrenado hoy con un acuerdo para adquirir 9 millones de dosis de vacunas para la gripe estacional, un 20% más baratas de lo habitual.

La nueva central de compras, ubicada en el Ministerio de Sanidad, permitirá a las CCAA sumarse a las compras voluntariamente para adquirir de forma centralizada los medicamentos y productos sanitarios a los mejores precios.

La Comisión Delegada del Consejo se encargará de establecer "la hoja de ruta" de las otras medidas consensuadas para garantizar el futuro del sistema, entre ellas el registro de médicos y el calendario vacunal único.

Además, el secretario general de Sanidad ha informado de que mañana entra en vigor el descuento del 7,5% para medicamentos no genéricos y no sujetos a precios de referencia, una medida que no supondrá mayor carga burocrática para las Comunidades porque se aplicará de forma automática en la factura de julio.

Olmos se ha referido al nuevo decreto de receta médica, presentado en el Consejo y que entrará en vigor en unos siete meses, por el que se mejorará la prestación farmacéutica y se regulará por primera vez la receta privada y el uso de la receta electrónica.

Ha señalado que con esta normativa se garantiza que el tratamiento prescrito al paciente pueda ser dispensado en cualquier oficina de farmacia del territorio español, independientemente de donde resida el enfermo.