"En los pueblos muchos vivimos de ello"

La última temporada de caza mayor sin la Ley Belarra: 6.500 millones en riesgo

Tras dos temporadas marcadas por las restricciones de la pandemia, las más de sesenta monterías que se celebran este fin de semana en España han colgado el cartel de completo.

Imagen de un lobo ibérico en un centro de Robledo de Sanabria.
Imagen de un lobo ibérico en un centro de Robledo de Sanabria.
EP

Este sábado comienza la temporada de monterías en Andalucía tras hacerlo el pasado fin de semana en las otras dos regiones que conforman la 'milla de oro’ de la caza en España: Extremadura y Castilla La Mancha. Tras dos temporadas marcadas por las restricciones de la pandemia, las más de sesenta monterías que se celebran este fin de semana en España casi han colgado el cartel de completo. Esta temporada de caza será la última que se celebrará sin que esté en vigor la Ley de Bienestar Animal, cuyo anteproyecto será aprobado por el Consejo de Ministros este mismo octubre y la ley aprobada definitivamente en 2022, según promete Sergio García Torres, director general de derechos de los animales.

"Un acto más de la “dictadura animalista", sostiene Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), que amenaza a una actividad que representa el 0,4% del PIB español. Una vez prohibida la caza del lobo, el anteproyecto de ley del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, que dirige la líder de Podemos Ione Belarra, supondrá el fin de la caza de especies como la perdiz roja o la tórtola, la prohibición del silvestrismo o del uso del plomo. Según la RFEC, supone “un principio casi filosófico equiparando a los animales con las personas”, roza “la inconstitucionalidad” porque “invade competencias de las Comunidades Autónomas (...) es un problema más para la subsistencia del mundo rural y será un problema para la propia conservación del medio ambiente y de muchas especies".

Este viernes, por ejemplo, todavía quedaba algún puesto en la montería que la empresa Gescaza organizaba para este sábado 16 de octubre en la finca ‘La Parrilla, situada en el término municipal de Serrejón en Cáceres. “Una montería en abierto de jabalíes y venados de buena calidad ubicada en las inmediaciones del Parque Nacional de Monfragüe”, especificaba la empresa, con “puestos naturales con mancha de jaras, madroñas y encinas en la sierra y escobas, carrascas de encina y jaras en el ribero”, en la que se esperan abatir “unos 30 animales”, en la que participarán 15 rehalas de perros y que tendrá 45 puestos de caza, a razón de 325 euros por puesto.

No muy lejos de Serrejón, en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Antonio, de 38 años, reconoce que lo ha pasado "mal” económicamente en estos dos años de restricciones por la Covid-19 porque  muchas personas de su zona –lo mismo sucede en las comunidades vecinas de Castilla-La Mancha y Andalucía- viven de octubre a marzo de la caza. "Por aquí", explica, "en esos seis meses hay muchas monterías todos los fines de semana y yo, y en muchas ocasiones también mi mujer, trabajamos en ellas. En primavera y verano, nos dedicamos al campo. Si la caza desaparece, ¿de qué vamos a comer muchos de los habitantes de estos pueblos?".

Los datos sobre la importancia económica de la caza en España son concluyentes. Así lo certifica un informe de la consultora Deloitte para la Fundación Artemisan, que engloba a las principales asociaciones de cazadores y de la industria del sector cinegético. La caza genera en nuestro país anualmente 6.475 millones de euros, un 0,4% del PIB, y da empleo, entre trabajos directos e indirectos, a 186.758 personas. "Más o menos genera la misma riqueza que el sector vitivinícola y el 80% del empleo del sector automovilístico", según explican desde Artemisan, que lucha porque se reconozca la contribución que el sector hace "al desarrollo económico y social del país, al mantenimiento del medio rural, y a la conservación del medio ambiente".

El informe de Deloitte (‘El impacto económico y social de la caza en España’) concluye que es el tercer deporte en España –solo Francia tiene más licencias que nuestro país- por número de federados, tras el fútbol y el baloncesto, con más de 710.000 licencias y 32.800 cotos en 43,8 millones de hectáreas, el 87% del territorio español, más de la mitad de ellas en Andalucía y Castilla-La Mancha. La caza genera además 615 millones al año para las arcas públicas en impuestos y tributos. Cada año se cobran 20 millones de piezas de caza menor (perdices, palomas, tórtolas, zorzales, zorros, conejos, liebres…) y alrededor de 600.000 de caza mayor como venados, gamos, corzos, muflones o jabalíes.

Según dicho informe, los propietarios de terrenos de caza invierten al año 285 millones en la gestión y conservación de la caza y la fauna silvestre. De ellos, 233 millones para repoblaciones y conservación medioambiental y 54 millones al mantenimiento de accesos, pantanos, podas o cortafuegos. Además, Artemisan recuerda la “contribución positiva de la actividad cinegética a la seguridad vial, ya que son casi 13.900 los accidentes de tráfico provocados por animales en vías asfaltadas, de los cuáles más del 54% correspondieron sólo a dos especies cinegéticas, jabalí y corzo”.

Además, la RFEC reivindica que el 90% del territorio español está declarado coto de caza y que "España es el país europeo con mayor superficie en la Red Natura 2000, representando casi el 30% de su territorio, que comprende más de 1.846 áreas (Zonas de Especial Protección y Lugares de Importancia Comunitaria), habitadas por 388 especies de fauna y flora protegidas", sostienen. La mayor parte de la tierra protegida se encuentra dentro de cotos de caza por lo que la caza controlada y legal y la gestión de la caza son elementos clave para la conservación de la vida silvestre.

Así, los defensores de esta actividad, entre los que se encuentran, por ejemplo, dos barones socialistas como los presidentes extremeño y castellanomanchego, Guillermo Fernández Vara y Emiliano García-Page, ya hablan de “lanzarse a la calle” a defender la caza en una gran movilización en la que se incluya, igualmente, a agricultores y ganaderos. “Hay muchas razones para que nos movilicemos contra el Gobierno” aseguran desde la RFEC. La ‘batida’ no ha hecho nada más que empezar.

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