Santander, 27 jun.- El fiscal del Tribunal Supremo (TS) Manuel Dolz ha advertido de que España corre el riesgo de tener un "vaciamiento" en bases de datos de ADN o de que queden "ridículas", debido a que algunos magistrados interpretan que la toma de muestras a los detenidos no puede hacerse sin presencia de letrado.
Dolz ha participado en el encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) "El ADN en la investigación policial", que ha organizado la Policía Científica.
En este foro, el fiscal del Tribunal Supremo ha lamentado que la prueba de ADN en la investigación policial está "pasando un momento muy crítico", a la vista de la opinión de algunos magistrados de la Sala Segunda del alto tribunal, que "tienen en sus manos su futuro".
Dolz ha apuntado así a algunas interpretaciones que se están haciendo y que suponen que se está dejando de tomar muestras biológicas a los detenidos con su consentimiento porque se exige la presencia de un letrado.
"Y esto ha supuesto la caída en picado de las bases de datos", ha señalado el fiscal, que agrega que esas bases han bajado "un 70 %" en inscripciones de perfiles genéticos, lo que lleva a un panorama "crítico".
Según avisa, si se siguen esas tesis se puede producir "un vaciamiento" de esas bases, pues no habrá inscripción de perfiles genéticos "y será muy difícil esclarecer los hechos delictivos, precisamente en los delitos más graves".
La comisaria general de Policía Científica, Pilar Allué, ha destacado la importancia de la utilización del ADN como prueba por parte de la Policía Judicial.
Allué se ha referido al valor científico y objetivo de la prueba pericial de ADN, y ha indicado que a pesar de que el primer delito que se esclareció en España gracias a esta técnica fue una agresión sexual en 1993, este país no tuvo hasta 2007 una Ley Orgánica para regular la utilización de las bases de datos de perfiles genéticos.
"Pasó mucho tiempo entre una cosa y otra, y además no al gusto de todos", ha apostillado la comisaria general de Policía Científica.
Allué ha añadido que las fuerzas y cuerpos de seguridad son en España "el alter ego" del Ministerio Fiscal, sin el cual sería "imposible" para esta institución ejercer la acción penal y la defensa de los derechos fundamentales. EFE
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