Un juez impone 800.000 euros de fianza a un ganadero acusado de envenenar seis águilas imperiales

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valdepeñas ha impuesto una fianza de 800.000 euros a un ganadero acusado del presunto envenenamiento de seis águilas imperiales en la finca de La Encomienda de Mudela, en Ciudad Real, en tanto que el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera ha cifrado en 34.000 euros la fianza para el guarda de un coto de caza por la muerte de tres milanos reales presuntamente envenenados en San José del Valle (Cádiz).
SEO/BirdLife dio a conocer este lunes estas dos resoluciones judiciales, puesto que ejerce la acusación popular en estos procedimientos, y aseguró que “poner veneno sale caro”.
David de la Bodega, coordinador del proyecto Life+ Veneno, de SEO/BirdLife, consideró “importante” la imposición de estas fianzas porque “reconocen el valor del daño” producido y señaló que suponen “un avance en la lucha contra el veneno porque colocar cebos envenenados en el medio natural tiene consecuencias reales”.
SEO/BirdLife explicó que el valor de las especies se cuantifica teniendo en cuenta la rareza, su escasez, el peligro para la continuidad de las poblaciones, el daño a la biodiversidad o el esfuerzo inversor de las administraciones y de otras organizaciones para su conservación.
En el caso de Valdepeñas, el juez ha tenido en cuenta el valor reconocido por el Decreto 67/2008, que establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada en Castilla-La Mancha de 60.000 euros por cada una de las águilas imperiales ibéricas que resultaron presuntamente envenenadas, aunque el magistrado ha aplicado el doble de la escala establecida dada la importancia del daño producido por el número de aves muertas y su régimen de protección, al estar catalogadas en peligro de extinción.
La fianza impuesta en por el juzgado de Jerez de la Frontera tiene en cuenta el valor de los tres milanos, que asciende a 15.000 euros, además de los 762 euros por un perro que resultó igualmente envenenado, las costas del procedimiento y las medidas reparadoras que se puedan imponer para restablecer el daño causado.
“El daño producido a la biodiversidad por delitos contra la fauna como el uso ilegal de veneno sale muy caro, no sólo por el valor del patrimonio natural destruido, sino por el coste que implica su recuperación. El daño se produce al conjunto de la sociedad y afecta a sus propios bienes naturales, de ahí la importancia del reconocimiento por parte de los tribunales del valor económico que supone su pérdida irreversible, aunque no sea su único valor”, apuntó SEO/BirdLife.