"Muchas personas quieren corazones intactos", dice la doctora Deborah Nucatola, directora de los servicios médicos de la organización Planned Parenthood, mientras picotea una ensalada y toma una copa de vino tinto.
"Siempre los hígados más intactos posibles", afirma durante una conversación sobre el pedido de tejidos fetales por parte de científicos y técnicas de aborto que permitan preservar determinados órganos.
"Probablemente entre 30 y 100 dólares", asegura la doctora cuando se le pregunta la tarifa por espécimen.
Este video, difundido el 14 de julio por el Center for Medical Progress, es uno de los que filmó en secreto David Daleiden, un militante anti-aborto que dice ser periodista de investigación.
Con una falsa identidad, Daleiden se infiltró en el medio durante más de dos años, con el fin de probar que Planned Parenthood comercializa "bebes muertos", una práctica considerada ilegal.
Su investigación cayó como una bomba entre los conservadores del Congreso y en la campaña presidencial. Los históricos enemigos de Planned Parenthood aprovechan la ocasión para dar inicio al ataque.
Planned Parenthood administra 700 clínicas en Estados Unidos. En ellas se atienden 2,7 millones de pacientes por año. Los servicios que brindan son: anticoncepción, diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual, cáncer de mama y abortos.
Aproximadamente un tercio del millón de abortos que se realizan cada año en el país se llevan a cabo en clínicas de esta organización, convertida entonces en la bestia negra para la derecha religiosa estadounidense.
El año pasado el 40% del presupuesto de Planned Parenthood fue financiado con dinero público (528 millones de dólares de un total de 1.300 millones). Pero según una vieja ley, los fondos federales no pueden ser utilizados para financiar abortos, salvo en casos de violación, incesto o riesgo de muerte para la gestante. Los republicanos consideran que esta distinción es ilusoria por lo que buscarán en el Congreso cortar por completo los fondos para Planned Parenthood.
El lunes el Senado votará sobre una ley presentada por el republicano y candidato presidencial en las elecciones primarias, Rand Paul, que elimina los créditos a esta organización.
Daleiden y sus compañeros se hacían pasar por empleados de una falsa empresa, Biomax Procurement Services, que buscaba instalarse en el mercado de intermediarios entre la investigación médica y las clínicas de aborto.
Los órganos y los tejidos fetales son muy solicitados por los investigadores. Y las donaciones se hacen únicamente con el consentimiento de los pacientes.
Su venta está prohibida pero se autoriza una indemnización por los gastos que implica la transferencia: tareas administrativas, transporte, entre otros. De esto es lo que hablaba la doctora Nucatola en el video. Pero la indolencia de los médicos, acentuada con un montaje selectivo, molestó incluso a la izquierda.
"Las acusaciones según las cuales Planned Parenthood genera beneficios por las donaciones de tejidos no son verdaderas", dijo la presidenta de Planned Parenthood, Cecil Richards, al tiempo que pidió disculpas por "el tono y las declaraciones" de la funcionaria filmada.
Pero el tema ya está sobre la mesa. Los gobernadores de Florida y Texas y dos comisiones del Congreso lanzaron investigaciones al respecto.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, dijo que los videos le daban ganas de vomitar. Y los candidatos a las primarias presidenciales republicanas no encuentran palabras lo suficientemente duras para atacar a esta organización que consideran criminal.
El gobierno de Barack Obama "no hace nada contra una organización que corta y vende pedazos de cuerpos de bebés muertos", acusó Rick Perry, exgobernador de Texas.
Los demócratas, acorralados, organizan la resistencia. Hillary Clinton, que primero se mostró "perturbada" por el video, defendió a Planned Parenthood el pasado jueves en Twitter.
La Casa Banca amenazó el viernes de vetar la ley del senador Rand Paul.
Legalizado en 1973, el aborto sigue siendo un tema polémico en Estados Unidos. Y este caso alimenta a sus opositores, que nunca renunciaron a la idea de abolir esta ley o restringirla por medio de las legislaciones de los Estados federales.
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