Unas 60.000 personas podrán convalidar su experiencia laboral por títulos oficiales de fp

Los ministerios de Educación y de Trabajo e Inmigración anunciaron este jueves la puesta en marcha del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales, de cuya primera convocatoria podrán beneficiarse 60.000 trabajadores que en su día no recibieron formación reglada.
Con un presupuesto de 59 millones de euros, la iniciativa busca que "aquellas personas que llevan toda la vida desempeñando una profesión" puedan convalidar su experiencia y los conocimientos adquiridos a lo largo de sus años de trabajo por módulos (asignaturas) de titulaciones oficiales de FP.
Así lo explicó en rueda de prensa el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, quien también apuntó que en la primera convocatoria se dará prioridad a las profesiones relacionadas con la educación infantil, la Ley de Dependencia, la hostelería y el mantenimiento.
A ellas se destinará el 75% del presupuesto, prosiguió, y el resto dependerá de las comunidades autónomas, que podrán decidir sobre qué acreditaciones son más necesarias en sus territorios, aclaró.
Además, estas "son profesiones con gran presencia femenina, por lo que también contribuyen a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres", afirmó.
Entre las ventajas de esta iniciativa, citó la mayor movilidad laboral que conseguirán los nuevos titulados; "el reconocimiento social e incluso la mejora en su autoestima" que un título puede suponer, y el estímulo "para continuar en la formación permanente a lo largo de su vida".
El titular de Trabajo, Valeriano Gómez, insistió por su parte en que "no habrá distinciones entre los que obtengan un título por este procedimiento y los que accedan mediante la educación tradicional".
"La evaluación y acreditación de los módulos se hará con todo el rigor" y además los tutores recomendarán a las personas en proceso de acreditación qué otros módulos deben cursar para completar su formación y obtener el título, declaró.
De hecho, un total de 3.000 profesores y expertos en educación infantil, dependencia, restauración y mantenimiento han recibido un curso especial para trabajar como "asesores" y "evaluadores" del proceso.
En este objetivo se invirtieron 2 millones de euros, a los que se suman otros seis millones para la elaboración de materiales (cuestionarios y guías) dirigidos a los procesos de asesoramiento y evaluación.
Los ministerios también destinaron 16 millones de euros a la creación de materiales formativos para los alumnos que deseen acreditarse; 6 millones a la puesta en marcha de portales "on-line", y otros cinco a difundir la iniciativa entre la población.
El resto, 24 millones de euros, se transferirán a las comunidades autónomas para el proceso de evaluación y acreditación (mediante entrevistas personales, visitas a los puestos de trabajo, simulación de actividades, etc.).
Por último, ambos ministros coincidieron en que "cuanto más tiempo se permanezca en la formación reglada mejor", pero se felicitaron por la "necesaria flexibilización" que se está introduciendo en el sistema educativo.