Unos 67.000 profesores madrileños tendrán más autoridad en las aulas desde marzo

Madrid.- Unos 67.000 profesores de la enseñanza pública y concertada madrileña verán reforzada su autoridad en el aula a partir de la próxima primavera, cuando está previsto que entre en vigor la Ley de Autoridad del Profesor, que permitirá a los docentes adoptar medidas cautelares y respaldará sus actuaciones.

Así lo ha indicado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que ha acordado remitir al Consejo Escolar, y posteriormente a la Asamblea de Madrid, el anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesor, con el fin de que sea debatido en la Cámara autonómica, votado y aprobado después con rango de Ley.

Un proceso que, según ha adelantado la presidenta, podría finalizar alrededor de marzo de 2010 para que a partir de entonces, los 50.000 profesores de centros públicos de la Comunidad y los alrededor de 17.000 de centros concertados adquieran la condición de autoridad pública, según el compromiso adquirido por Aguirre el 15 de septiembre, en el último Debate del Estado de la Región.

La futura Ley de Autoridad del Profesor, ha destacado la presidenta, pretende "reforzar y respaldar la autoridad" del personal docente de la enseñanza sostenida con fondos públicos (centros públicos y concertados) y reconoce la presunción de veracidad a los informes y declaraciones que hagan en caso de conflicto, ya sea dentro del colegio o instituto, en actividades extraescolares educativas o en el transporte escolar.

Además, confiere potestad a los profesores de los centros públicos y concertados "para adoptar medidas cautelares provisionales" contra el alumno o alumnos que cometan faltas muy graves que alteren las normas de convivencia del centro, o contra los padres "que ataquen o contravengan" dichas normas, en tanto que la expulsión sigue siendo potestad exclusiva del director, según ha precisado la consejera de Educación, Lucía Figar.

Con todo ello, y según ha indicado Aguirre, el Gobierno de Madrid pretende mejorar "el clima de convivencia" en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, pues lo considera fundamental para "favorecer el aprendizaje y la trasmisión de conocimientos y valores" y porque "es imprescindible que toda la sociedad madrileña respalde la autoridad del profesorado", ha añadido.

Se trata, ha asegurado la presidenta, de que el profesor "tenga respaldo en su autoridad" y de dotarlo de "presunción de veracidad" a la hora de declarar ante un juez, en caso de conflicto en el ejercicio de su actividad docente.

Aguirre ha adelantado que la nueva Ley entrará en vigor una vez haya sido aprobada por la Asamblea de Madrid y "al día siguiente de su publicación en el BOCAM", lo que ocurriría aproximadamente en marzo de 2010, en el segundo trimestre de este curso.

Según la consejera de Educación, el Gobierno regional ha decidido introducir en esta futura Ley a los profesores de la enseñanza concertada al constatar que "existen precedentes" en la Comunidad valenciana, donde un "decreto de convivencia" escolar incluye a este colectivo "y no ha sido recurrido por nadie".

En cuanto a los centros privados, Figar ha informado de que en el anteproyecto de Ley se ha introducido una disposición adicional que les otorga potestad para elaborar sus propias normas de disciplina, convivencia y funcionamiento, siempre y cuando "no contravengan las leyes generales de la Comunidad y del Estado".

Según ha informado la presidenta, en principio esta Ley de Autoridad estaba pensada sólo para los profesores de Secundaria, porque, al haber superado oposiciones, tienen la consideración de funcionarios públicos, pero se ha decidido ampliarla a la educación Primaria "a petición de la oposición, los sindicatos" y de la enseñanza concertada, que solicitó acogerse a esta nueva normativa.