Madrid.- La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) ha presentado hoy una demanda de acto conciliación en los Juzgados de Plaza de Castilla contra los dos laboratorios que comercializaron en España este fármaco, en la que reclama 156 millones de euros para sus 184 socios afectados.
José Riquel, presidente de Avite, ha explicado a EFE que la demanda va dirigida contra Grünenthal y UCB Pharma, los dos laboratorios que vendieron en 1957 un medicamento que contenía un principio activo llamado talidomida y que causó graves malformaciones en los fetos.
La demanda de acto de conciliación es el paso previo a la presentación de la demanda como tal si no se llega a un acuerdo con las farmacéuticas, lo que previsiblemente no ocurrirá, ha asegurado Riquelme, quien ha señalado que irán "a muerte" en los juzgados.
Los afectados han mantenido ya tres reuniones con responsables de los laboratorios, en las que UCB Pharma "no ha querido saber nada" y Grünenthal les ha ofrecido 120.000 euros para todos los afectados, una oferta que ha sido rechazada por Avite.
La asociación ha recibido el apoyo por escrito de la Fiscalía General del Estado, que se personará como acusación en caso de que se inicie un procedimiento judicial.
Riquelme ha explicado que la cantidad de 155.950.000 euros se ha fijado teniendo en cuenta el número de afectados, sus minusvalías y las indemnizaciones que "están cobrando desde que nacieron" otros enfermos en el mundo.
"Es increíble que el dolor de un afectado español no lo hayan querido equiparar con el dolor de un afectado alemán", ha señalado el presidente de Avite, quien ha precisado que hace pocos meses Grünenthal ha dado 50 millones de euros a los afectados alemanes "para refinanciar lo que ya cobraban".
La talidomida era un sedante que se administró como complemento inocuo para las náuseas de las embarazadas y que causó graves malformaciones en los fetos -hoy personas adultas-, tales como aletas de foca (manos pequeñitas que nacen de los hombros o los codos con tres dedos o pies pequeños que nacen directamente de las ingles).
El fármaco fue retirado del mercado en 1961 Alemania, donde se originó el problema, pero se siguió vendiendo en España varios años después.
En Gobierno español no reconoció oficialmente la existencia de afectados hasta el año pasado, cuando aprobó un Real Decreto de "ayudas solidarias" para solamente 23 afectados, que se "han quedado totalmente pequeñas".
El problema está en que no existe ninguna prueba médica ni científica que demuestre con certeza quien es afectado y quién no, por lo que se indemnizó solo a los nacidos entre 1960 y 1965, ha explicado.
Esto, según Riquelme, supone un reconocimiento de que en España el fármaco se vendió cuatro años más tarde que en el resto del mundo.
La asociación está intentado convencer al Gobierno para que elabore un segundo Real Decreto, que amplíe las ayudas a un mayor número de afectados.
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