Tras conocerse el fallo de 96 años de cárcel para el conocido como violador del ascensor, Pedro Luis G. F., ahora se acaba de conocer otra sentencia en la que otro violador reincidente ha sido condenado a 23 años y cuatro meses de prisión por los delitos de agresión sexual, detención ilegal, robo con violencia e intimidación, lesiones y conducción sin permiso tras raptar y violar a una mujer en Benidorm (Alicante), según la sentencia hecha pública hoy. El condenado, de 31 años y vecinos del municipio alicantino de Callosa d’En Sarrià, ya había sido sentenciado a 9 años de cárcel por un delito de violación anterior en resolución dictada por la Audiencia de Alicante en 2009.
Los hechos enjuiciados ahora sucedieron el 11 de junio de 2018, cuando el procesado retuvo a su víctima tras captarla en un descampado habilitado como aparcamiento, situado en la avenida de Beniardá de Benidorm. La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Alicante concreta que el agresor se aproximó al vehículo de la víctima con la excusa de preguntarle por la ubicación de la parada de autobús más próxima, lo que aprovechó para asestarle un puñetazo y amenazarla con una navaja que portaba mientras le decía que se colocase en el asiento del acompañante y que no chillase ni pidiese auxilio porque, en ese caso, “la rajaría”.
Acto seguido, el acusado se introdujo en el coche y lo condujo, sin tener permiso de conducción, hasta llegar a la pedanía de Xirles, en el vecino municipio de Polop. Allí, ató las manos a la víctima con un cordón de una chaqueta, le quitó los pantalones y la forzó sexualmente. Después volvió a conducir hasta llegar a otro punto de Polop y, antes de abandonar a su víctima y darse a la fuga, le robó el dinero que guardaba en su cartera. Además, la amenazó para que no denunciase, advirtiéndole de que ya había estado en la cárcel y que volvería a por ella.
El tribunal considera acreditado la comisión de los delitos a partir del relato ofrecido por la víctima durante el juicio. En concreto, destaca que la mujer ofreció "una declaración completa, sin lagunas ni contradicciones esenciales, de todos los hechos, espontánea y sin fisuras, con concreción y detalle". Además, estima que su relato queda "avalado por los informes médicos sobre las lesiones y muestras biológicas, ADN del procesado y por los testigos de referencia que describen la actitud y estado de la víctima tras los hechos".
Así, la sentencia impone al procesado una pena de 14 años por la agresión sexual, otros 5 años por la detención ilegal y 4 años más por el robo con intimidación, además de 4 meses de privación de libertad por el delito de conducción sin permiso y de una multa por el delito de lesiones. También le impone el pago de una indemnización de 4.800 euros por las lesiones ocasionadas, otros 30.000 por daños morales y 1.903 euros más por los daños causados en su vehículo.
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