El Cairo, 27 nov.- Nueve de los diez miembros que ayer se retiraron del comité constituyente egipcio en protesta por la detención de activistas volvieron hoy a participar en los trabajos de la comisión, informó la agencia estatal de noticias Mena.
El único que se ausentó fue el secretario general del Sindicato de Periodistas, Diaa Rashuan, confirmaron a Efe fuentes de esa organización.
El arresto de activistas ayer causó la retirada provisional de diez de los cincuenta miembros del comité que está actualmente reformando la Constitución, dentro del proceso de transición estipulado tras la destitución militar el pasado julio del presidente islamista Mohamed Mursi.
El comité retomó hoy sus labores con la participación de la mayoría de sus integrantes, entre los que estaban los representantes del movimiento juvenil "Tamarrud" (rebelión), que instigó las protestas contra Mursi que llevaron a su destitución.
Un miembro de ese movimiento, Mohamed Adel, justificó a Efe la vuelta al comité porque ya fueron liberadas las mujeres detenidas, que -dijo- fueron dejadas en el desierto.
Según Adel, los que siguen arrestados "tenían documentos que incitan a la violencia contra el ejército y la policía".
La Fiscalía ha decretado la detención preventiva de 24 de los 28 detenidos ayer, entre los que había siete periodistas, al tiempo que ordenó arrestar a uno de los fundadores del movimiento juvenil 6 de Abril, Ahmed Maher, y al conocido activista Alaa Abdel Fatah por infringir la ley de manifestaciones, al convocar una protesta sin notificar al Ministerio del Interior.
Los jóvenes protestaban contra la polémica ley que limita las protestas y que fue aprobada el pasado domingo por el presidente interino, Adli Mansur, pese a las fuertes críticas de grupos de activistas y de derechos humanos.
La nueva ley prohíbe, entre otros aspectos, concentraciones de más de diez personas sin autorización, limita las protestas frente a los edificios públicos y establecen duras penas para los infractores de la norma.
Para conseguir el permiso, los organizadores deben avisar a la policía con al menos tres días de antelación los detalles de las manifestaciones y, en caso de que su petición sea rechazada, pueden acudir a los tribunales.
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