Wwf denuncia la compra pública de agua "fantasma" en el alto guadiana por 66 millones de euros

La organización ecologista WWF hizo público este lunes el informe 'El fiasco del agua en el Alto Guadiana', donde pretende demostrar que el proyecto de compraventa de derechos de agua que está llevando a cabo el Gobierno no servirá para recuperar los acuíferos sobreexplotados de la zona.
Por el contrario, según WWF, el banco del agua del Guadiana ha gastado 66 millones de euros en adquirir derechos "de papel" de fincas sin riego en los últimos años y para legalizar a ilegales. En consecuencia, según explicó en rueda de prensa Alberto Fernández, oficial de Aguas de WWF, no sólo no se ha ahorrado agua, sino que se ha consolidado un consumo que mantiene la actual sobreexplotación del acuífero 23, que alimenta al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
La organización ecologista considera "un fiasco" la compra de derechos de uso del agua en el Alto Guadiana realizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana entre 2008 y 2012, que ha supuesto un desembolso público de 66 millones de euros.
"A este gasto económico hay que añadir el coste para la sociedad de seguir teniendo un gran acuífero sobreexplotado y contaminado: agua de mala calidad para los abastecimientos a poblaciones, falta de aportes de agua al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel e inseguridad de suministro de agua para la agricultura legal y otros usos a futuro", señaló Fernández.
Esta adquisición de agua se enmarca dentro del Plan Especial para el Alto Guadiana (PEAG), cuyo objetivo es alcanzar el buen estado del acuífero 23, según exige la legislación europea.
Con esta finalidad se propuso la compra de derechos de agua, destinando una parte (70%) al acuífero y otra a legalizar los pozos ilegales (30%), una teoría que apoyó WWF. "Sin embargo, la realidad de este plan fue que el 100% del agua, que supuestamente se había ahorrado, se ha destinado a legalizar ilegales", indicó el responsable de WWF.
La organización ecologista ha analizado, mediante imágenes de satélite, este proceso de compra y cesión de derechos del PEAG y constata que el 83% de las explotaciones cuyos derechos fueron comprados no extraían agua, al menos cinco años antes de venderlos, por lo que en lugar de comprar agua se han adquirido "derechos de papel".
Según WWF, el problema radica en que, para la compra de derechos, el PEAG exigía confirmar el uso del agua para regadío al menos en los tres años anteriores a la adquisición. "No obstante, la práctica fue que el banco de aguas del Guadiana sólo exigió la existencia de agua en el pozo, un requisito que en ningún modo aseguraba que se había estado regando durante suficiente tiempo", precisó Fernández.
De este modo, de los supuestos 13,5 hm3/año de agua teóricamente recuperados, tan sólo se estaban consumiendo 2 hm3. Además, 40 de los vendedores que sí usaban el agua la han seguido utilizando después de la venta, convirtiéndose en ilegales.
El resultado, según el informe de WWF, es que la cifra final de agua realmente ahorrada descendería hasta los 1,1 hm3, pero el 100% del volumen de agua pretendidamente adquirida por el Gobierno se ha destinado a legalizar a regantes ilegales.
La organización indica que a pesar de que el Banco de Agua del PEAG no ha funcionado como se esperaba, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pretende ahora poner en marcha un nuevo banco de agua con el mismo modelo, pero esta vez entre particulares.
WWF alerta de que los errores del banco de agua del PEAG "están condenados a repetirse por la falta de transparencia y de buenas prácticas en la gestión del agua y van a empeorar con el nuevo banco que pretende aprobar el Gobierno con la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente".
Según Eva Hernández, responsable del Programa de Aguas de WWF España, "el banco del agua del PEAG no ha funcionado por una falta de gobernanza debido a presiones políticas para legalizar a ilegales".
"Con este precedente, aprobar un nuevo banco de agua entre particulares en el Alto Guadiana no va a resolver el problema del acuífero y supone un elevado coste económico, social y ambiental, por lo que WWF pide que se retire de la propuesta de ley", concluyó Hernández.