800 filiales en el Ibex

¿Empresas en paraísos fiscales? Bruselas autoriza que se veten las ayudas públicas

Cumbre del Cambio Climático
Cumbre del Cambio Climático

Polonia, Dinamarca, Francia y, finalmente, España restringirán el acceso a ayudas públicas a todas aquellas empresas con sedes en paraísos fiscales o que utilicen esas jurisdicciones para evadir impuestos. Bélgica e Italia son otros dos socios comunitarios que contemplan una medida similar, validada por Bruselas. También se verá afectado el reparto de dividendos o los bonus a las cúpulas directivas en el caso de las empresas que sean 'nacionalizadas' y recapitalizadas en parte por el por el Estado, como anunció este viernes la Comisión Europea (CE).

Pero esta lucha contra las empresas que practican la elusión fiscal también tiene sus límites, incluso a la hora de frenar el respaldo público durante la crisis económica del coronavirus. Sólo afectará a jurisdicciones fuera de la Unión Europea (UE). Si la empresa tiene su sede en Panamá o las Islas Caimán podrá ser vetada, pero no si está en Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda, socios comunitarios, o si cuenta con filiales allí para rebajar su tributación en Francia o España. Se calcula que las firmas del Ibex suman unas 800 filiales en jurisdicciones con baja tributación

Depende de los Estados Miembros decidir si quieren conceder ayudas públicas”, explican desde la Comisión, “y diseñar medidas en línea con las normas de la UE, de acuerdo a sus objetivos como la prevención de la evasión fiscal, el fraude o la elusión fiscal agresiva”. Esto significa que los gobiernos europeos “pueden introducir criterios adicionales como incluir a compañías que operan en sectores específicos o basadas en paraísos fiscales” pero “no pueden excluir compañías por su sede o residencia fiscal en otro país europeo”.

La libre circulación de capitales es una de las cuatro libertades básicas del Mercado Único y no puede romperse. Este es uno de los principales motivos por los que la UE no incluye a sus Estados Miembros en su lista de 12 jurisdicciones fiscales no cooperativas, entre las que también están las Islas Seychelles o el Sultanato de Omán. A principios de abril, Polonia fue el primer socio comunitario en romper la baraja: las grandes firmas que no tributasen en el país quedarían al margen de las ayudas. Le siguió Dinamarca vetando el acceso de las compañías registradas en paraísos fiscales a los fondos de 50.000 millones de euros de su plan de préstamos y garantías. Francia anunció un modelo similar.

La posición española

España fue reacia a embarcarse en este empuje europeo, aunque la iniciativa danesa marcaba las reglas del juego, un marco pactado en Bruselas por todos los Estados Miembros. Según el Ministerio de Hacienda danés, las restricciones a las firmas serían de acuerdo a la lista de la UE sobre “jurisdicciones fiscales no cooperativas”.

“Entiendo que los Estados Miembros que toman estas decisiones vinculando las ayudas públicas con el hecho de que esas compañías no tengan su sede en paraísos fiscales, usan para ese propósito la lista de la UE sobre paraísos fiscales, lo que, por supuesto, sólo afecta a países que no son miembros de la UE”, se felicita Eric Mamer, portavoz de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Finalmente, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado que las empresas con sede en paraísos fiscales no optarán a los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El martes 5 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó que "un fondo del ICO de 4.000 millones serán garantías para las emisiones de pagarés de compañías no financieras que operen en el mercado de renta fija siempre que tengan su sede social en España, distinción que se establece a fin de evitar que opten a estas ayudas empresas procedentes de paraísos fiscales o que se destinen fondos públicos al pago de dividendos".

El Gobierno tardó en decidirse en favor de esta restricción pese a que la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había insistido en “nuevas garantías para que, ante los enormes beneficios que reciben por un ERTE, no puedan acogerse empresas que tengan sede en algún paraíso fiscal”. Díaz enmarcaba sus palabras como “una reflexión que está en el seno de la UE”. En esta línea y más contundente que la Vicepresidenta Calviño, el ministro de Finanzas galo, Bruno Le Maire, exigió un “comportamiento ejemplar” a las empresas. “Si su sede fiscal o la de sus filiales está implantada en un paraíso fiscal, no podrá beneficiarse del apoyo público”, anunció el francés.

Paraísos y oasis en el Ibex 35

Como se apuntaba, las empresas del Ibex 35 cuentan con más de 800 filiales en jurisdicciones con baja tributación, según datos recopilados por Oxfam Intermón. Según los datos de los informes anuales de 2018, ocho empresas de las 35 compañías del índice tenían sociedades con sede paraísos fiscales y algunas de ellas lo justifican por necesidades operativas del negocio, entre ellas, ACS, Repsol, BBVA o Santander.

Son multinacionales españolas, pero que canalizan hacia otros países parte de sus ingresos, tanto peninsulares como de todo el Viejo Continente por motivos operativos de los mercados y clientes con los que operan, según su versión, frente a la críticas por ahorro fiscal que hacen organizaciones como Oxfam.  Las grandes corporaciones españolas están presentes en Panamá, las Islas Caimán o las Islas Vírgenes, pero desde 2011 la tendencia es a abrir más y más filiales en Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos, con un Impuesto de Sociedades más bajo que otros socios del euro y esquemas de tributación particulares para personas jurídicas.

En 2019, las empresas del Ibex 35 redujeron en un 6% su presencia en jurisdicciones de baja tributación, pero en total "el desvío de beneficios empresariales hacia paraísos fiscales le cuesta a España el equivalente al 13% de la recaudación del impuesto de sociedades" de sus grandes corporaciones. El paraíso fiscal, según la categoría de Oxfam Intermón, preferido es Delaware (EEUU), sede de 352 filiales.

Le siguen Holanda, con 119 filiales, Irlanda con 75 subsidiarias y las 56 filiales españolas en Luxemburgo. Las cuatro jurisdicciones acumulan el 75% el total de estas filiales en jurisdicciones con baja tributación, pero los tres socios comunitarios no son considerados paraísos fiscales por la UE y será imposible que el Gobierno español los incorpore en esa categoría a la hora de restringir las ayudas públicas.

España y toda la UE pierden anualmente entre 50.000 y 70.000 millones de euros por “la agresiva planificación fiscal corporativa”, en referencia a paraísos fiscal, según cálculos del Parlamento Europeo, a los que sumar otros 160.000-190.000 millones en 'elusión fiscal', la tributación de una filial en otro país con baja fiscalidad, como los tres de la UE mencionados.

Mostrar comentarios