Dueños de San José pagarán cinco millones de dólares por rescate de mineros

Santiago de Chile, 6 mar.- Los dueños de la mina chilena San José, donde 33 mineros fueron rescatados en 2010 tras permanecer 70 días sepultados a 700 metros de profundidad, pagarán cinco millones de dólares para paliar los gastos que demandó la operación, informaron hoy fuentes del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El monto corresponde a un acuerdo alcanzado entre la empresa San Esteban, propietaria de la mina San José y controlada por Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, y el CDE, en el marco de una demanda que este organismo presentó contra los empresarios.

Para el Estado chileno, la operación de rescate supuso un gasto de 22 millones de dólares y, tras el exitoso final de la misma, el Gobierno ordenó al CDE que demandara a los dueños de la mina, lo que se concretó el 3 de noviembre de 2010 en el VI Juzgado Civil de Santiago, por un monto total de 10,3 millones de dólares.

Dicha suma incluía el uso de las perforadoras, los tubos de encamisado encargados a Argentina, equipos de comunicación, repuestos para los taladros y otros equipos.

El acuerdo final es parte de las negociaciones llevadas a cabo ante el CDE por María Loreto Reid, síndico de la minera, y tomó en cuenta la poca liquidez de la empresa, cuyos activos estaban en proceso de ser liquidados, en el marco del proceso de quiebra que la afectaba.

El caso de los 33 mineros de Atacama, región donde estaba la mina, concitó atención mundial y atrajo a centenares de representantes de medios de comunicación a ese rincón del desierto chileno en que se desarrolló la odisea del grupo de trabajadores, a unos 830 kilómetros al norte de Santiago.

En julio del año pasado, 31 de los 33 mineros presentaron una demanda contra el Estado por los daños y perjuicios que les generó el accidente, por un total de 7.750 millones de pesos (unos 15,5 millones de dólares), litigio que hasta hoy sigue en trámite.

La demanda se basa en que la falta de fiscalización en la mina por parte de los organismos públicos responsables y una autorización para que siguiera en operaciones tras un accidente anterior fueron determinantes para que se produjera el derrumbe que dejó atrapados a los 33 trabajadores.