Desde 2010 la CHE realiza acciones vía administrativa para intentar que los ocupantes desalojen de forma voluntaria estos bienes por el peligro existente y al ser responsabilidad de la CHE garantizar la seguridad de las personas y del Dominio Público.
Estos terrenos se consideran Dominio Público al estar incluidos entre los expropiados para el embalse de El Grado, en concreto, destinados a las obras auxiliares de restauración hidrológico-forestal, ha precisado la CHE en una nota de presa.
Ese uso ha provocado su cobertura vegetal actual, que, unida a la topografía y factores ambientales de la zona, conllevan escenarios de incendios forestales de copa. Estos terrenos no están, en ningún caso, abandonados. Existe personal de vigilancia que desde 2010 viene alertando de la situación, se han realizado tratamientos silvícolas, infraestructuras viarias, estructuras de defensa contra incendios, y una organización continua de aprovechamientos forestales.
El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la legalidad de la actuación de la Confederación en su sentencia sobre los recursos contencioso-administrativos que han interpuesto los ocupantes contra la Resolución administrativa de 2011 para recuperación posesoria. La vía penal es, por tanto, el final de los intentos de esta Administración para evitar los riesgos que la ocupación genera, ya que es su responsabilidad como titular de los terrenos ocupados.
En ningún caso, es una negativa a hacer uso social de bienes no imprescindibles, pero siempre que se cumplan unos mínimos requisitos, que incluyen la seguridad ya que se recuerda que existen numerosos ejemplos de terrenos y edificios cedidos, muchos de ellos en el Pirineo aragonés (Griébal, Casas de La Aldea (Secastilla), Ruesta, Ligüerre de Cinca, Mipanas, Caneto), ha detallado la CHE.
Además, el núcleo de la Selba no reúne las más mínimas condiciones de habitabilidad para ser un núcleo de población y carece de los servicios mínimos indispensables.
ARGUMENTOS TÉCNICOS
Desde 2010 el Servicio de Aplicaciones Forestales de la CHE ha realizado decenas de informes y comunicaciones sobre la situación sobrevenida por la ocupación. Desde este Servicio existe una imposibilidad de permitir el desarrollo de núcleos habitados, ya que "la ocupación de los citados inmuebles conlleva coexistir con una situación de grave riesgo para las personas y para el dominio público".
Asimismo, se carece de rutas de escape divergentes, lo que imposibilita la evacuación en cualquier circunstancia, "especialmente en este caso que existen menores con movilidad reducida".
Los informes recogen también que se trata de edificios totalmente enclavados en terreno forestal que ha sido repoblado con posterioridad a la construcción de los inmuebles. Las condiciones actuales de seguridad "no pueden asimilarse a las existentes en el momento de su construcción".
Se trata de especies mayoritariamente pirófitas, con gran facilidad para la ignición, lo que facilita el inicio y desarrollo de un gran incendio forestal, así como la proliferación de focos secundarios.
Los modelos de combustible presentes en el monte tienden a provocar fuegos de gran intensidad y virulencia, caracterizados por su alta velocidad de propagación.
Otro dato de los informes apuntan a la topografía del lugar que favorece el desarrollo envolvente de incendios forestales, al ser frecuente la existencia de barrancos que seccionan el terreno por los que el fuego se desarrolla de manera explosiva si se dan las condiciones adecuadas.
Se trata de un terreno en el que resulta habitual durante el periodo de máximo riesgo de incendio (16 de junio a 15 de septiembre), que se den las condiciones de "Prealerta Roja+", máximo nivel de alerta reportado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Desde el año 2010 se ha explorado toda vía administrativa con resoluciones e informes. A esto se suman los recursos contenciosos administrativos interpuestos por la Asociación de Amigos de La Selba contra la Administración del Estado en 2013, 2014 y 2015, todos ellos desestimados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
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