Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han acordado este lunes "introducir restricciones a la exportación" a Libia de productos como "los botes inflables y los motores fuera borda" que puedan facilitar el tráfico de inmigrantes y estudiarán cómo restringir su acceso "más allá de la UE". Asimismo, se han mostrado dispuestos a estudiar la posibilidad para ampliar las sanciones "contra traficantes de inmigrantes y tratantes de seres humanos".
Los Veintiocho contarán a partir de ahora con "una base legal" para impedir la exportación o suministros de estos equipos a Libia "cuando existen motivos razonables para pensar que se utilizarán por los traficantes de personas", restricciones que también se aplicarán a los botes inflables conocidos como 'dinghies' y los motores externos "que transitan en la UE" con destino a Libia, según han explicado fuentes europeas.
"Las restricciones no impedirán la exportación o venta de estos equipos cuando están destinos a un uso legítimo por la población civil, por ejemplo, pescadores que puedan necesitar motores para sus barcos", han precisado las fuentes.
Los Veintiocho han avisado de que la UE está lista para "actuar de nuevo contra aquellos que son responsables de abusos graves de Derechos Humanos" y, en este contexto, está dispuesta a explorar "las posibilidades para ampliar las medidas restrictivas contra los traficantes de inmigrantes y tratantes de seres humanos" en el texto de conclusiones que han aprobado sobre Libia en las que admiten preocupación por la amenaza terrorista en el país y por el tráfico de inmigrantes, armas, drogas y productos petrolíferos a través de Libia.
OPERACIÓN SOPHIA
Los jefes de la diplomacia europea han avanzado que la operación Sophia de la UE que combate las mafias de inmigrantes en aguas internacionales en el Mediterráneo Central "seguirá desarticulando el modelo de negocio de los pasadores de fronteras y traficantes en el mar" una vez que su mandato sea renovado "en breve", aunque admiten la necesidad de que cuente con la cantidad "suficiente" de fuerzas para cumplir su mandato.
La extensión de su mandato, que concluye a finales de mes, se ha visto aplazada por las reservas de Italia, que ha reclamado que otros países abran sus puertos a los inmigrantes rescatados, aunque fuentes diplomáticas han descartado que ello vaya a bloquear su renovación durante un año y medio más, hasta el 31 de diciembre de 2018.
La operación Sophia, que contribuye a atajar el tráfico de inmigrantes y a hacer cumplir el embargo de armas de la ONU a Libia, también ayudará a atajar el tráfico ilegal de petróleo, han explicado fuentes diplomáticas.
MECANISMO PARA SUPERVISAR LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN
Los Veintiocho también han respaldado la creación "un mecanismo de supervisión destinado a evaluar la eficacia de la formación" de la operación Sophia a los guardacostas libios, cuya implicación en abusos a inmigrantes ha denunciado la ONU entre otros y han instado a las autoridades libias a "impedir que se produzcan nuevas muertes en el mar".
En el texto, han condenado "las violaciones de los Derechos Humanos y los abusos cometidos contra refugiados e inmigrantes" y han pedido más esfuerzos a las autoridades libias para respetar sus derechos humanos y mejorar su protección, así como para mejorar el acceso y las condiciones a los centros de detención de inmigrantes en Libia y "buscar alternativas a la detención" e "incrementar" los retornos voluntarios asistidos", incluido de "inmigrantes rescatados en el mar".
El director general de la Organización Internacional para las Migraciones, William Swing, y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, han alertado a los Veintiocho de las "terribles" condiciones en los centros de detención en Libia y han defendido la necesidad de transformarlos en centros de recepción "abiertos", donde los inmigrantes puedan entrar y salir y garantizar "condiciones más apropiadas" en los mismos.
Ambas organizaciones apenas trabajan en 20 de los más de 30 que hay en Libia, ha avisado Swing, que ha subrayado la necesidad de "intentar separar" a hombres y mujeres en centros diferentes, mientras que Grandi ha puesto el acento en la necesidad de garantizar "la protección" de los inmigrantes y buscar "soluciones prácticas" para gestionar la "difícil" situación de manera conjunta.
La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha recordado que el bloque coopera "enormemente" con la OIM y ACNUR, incluido con apoyo financiero para facilitar los retornos de inmigrantes voluntarios "en pleno respeto de los derechos humanos" y "la protección de los inmigrantes y refugiados". "Este es nuestro compromiso", ha asegurado.
Mogherini ha admitido las condiciones "inhumanas" en los campos en Libia y ha asegurado que la UE ha apoyado el retorno voluntario de 5.000 inmigrantes en Libia a sus países de origen en lo que va de año, "más del doble" que en todo el 2016 y ha insistido en que el objetivo del bloque "no es tener presencia de la UE en las aguas territoriales libias" sino que los guardacostas libios "hagan el trabajo" contra las mafias.
La jefa de la diplomacia europea ha recordado que la UE ha contribuido a entrenar a 113 guardacostas y espera formar a "otros 75" en septiembre y ha insistido en que la UE busca "maneras" para "monitorizar el seguimiento del entrenamiento a los guardacostas libios" a fin de garantizar "un control muy directo" sobre sus actividades en aguas libias.
PRÓRROGA DE LA MISIÓN CIVIL DE APOYO A FRONTERAS EN LIBIA
Los Veintiocho también han asegurado que "la UE intensificará su actuación y ofrecerá apoyo para reforzar la gestión de las fronteras, tanto marítimas como terrestres, por las autoridades libias", además de seguir cooperando con los países del Sahel, y han respaldado la extensión del mandato de la misión civil EUBAM Libia, actualmente replegada en Túnez por los problemas de seguridad en Trípoli, un año y medio más hasta el 31 de diciembre de 2018.
La misión seguirá cooperando "de forma progresiva" con las autoridades libias para ayudarles en el control de gestión de fronteras, concretamente en el sur de Libia, así como en la labor policial y la justicia penal". También seguirá planificando una "posible" misión para apoyar en la reforma del sector de seguridad y seguirá trabajando con la idea de "establecer una presencia discreta en Trípoli" cuando se den las medidas de seguridad "adecuadas".
Los Veintiocho han reiterado su apoyo "firme" al Gobierno de unidad nacional encabezado por el primer ministro, Fayez Serraj, y al Consejo Presidencial libio como "únicas autoridades gubernamentales legítimas" pero han defendido "modificaciones limitadas" al acuerdo político libio para "hacerlo más integrador" y han reclamado la unificación de las fuerzas de "todas las regiones" para atajar el terrorismo y el tráfico de inmigrantes.
En el texto, han respaldado el nombramiento del nuevo representante especial de la ONU para Libia, Ghassan Salamé, cuya mediación "será fundamental" y al que los Veintisiete invitarán a un próximo Consejo cuando asuma funciones y han reclamado coordinar "bien" todas las iniciativas regionales e internacionales para "asegurar una rápida solución a la crisis de Libia".
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