ExxonMobil, gigante petrolero estadounidense, ha presentado una demanda ante el Tribunal General Europeo de Luxemburgo contra el impuesto sobre los beneficios extraordinarios con el que la Unión Europea quiere gravar a las petroleras en 2023. Según publica 'Financial Times', la demanda ha sido interpuesta este miércoles por las filiales alemana y holandesa en el Tribunal General Europeo y supone la respuesta más significativa de la industria, hasta la actualidad, contra la tasa temporal de solidaridad con la que Bruselas se propone recaudar unos 25.000 millones de euros.
Un portavoz de ExxonMobil ha explicado a Europa Press que la demanda de la petrolera se dirige "únicamente al impuesto contraproducente sobre las ganancias extraordinarias, y no a ningún otro elemento del paquete para reducir los precios de la energía". En concreto, el representante ha declarado que este impuesto socavará la confianza de los inversores, desalentará la inversión y aumentará la dependencia de los productos energéticos y combustibles importados. "Las industrias europeas ya se enfrentan a una crisis de competitividad muy real y los gobiernos deberían apoyar la producción de energía fiable y asequible", ha apuntado.
Por otro lado, ha recordado que ExxonMobil ha sido uno de los mayores inversores en refino en Europa durante la última década, invirtiendo más de 3.000 millones de dólares (2.818 millones de euros) en importantes proyectos de refinería que han permitido aumentar la capacidad de producción. De cara al futuro, ha señalado que ExxonMobil está considerando próximas inversiones multimillonarias en el suministro y la transición energética de Europa, buscando argumentos comerciales sólidos, respaldados por un clima de inversión estable y predecible.
"Que invirtamos aquí depende principalmente de lo atractiva y competitiva que sea Europa a nivel mundial", ha advertido, añadiendo que la compañía continuará trabajando con los líderes de la UE para abordar estos problemas. La tasa temporal de solidaridad de al menos el 33% sobre los beneficios extraordinarios de las compañías de combustibles fósiles fue una de las medidas presentadas el pasado mes de septiembre, junto con la opción de establecer una reducción "obligatoria" del consumo de electricidad en las horas de máxima demanda o para fijar un límite temporal al precio al que las tecnologías inframarginales, como las renovables o la nuclear entre otras, pueden vender electricidad, de 180 euros/MWh.
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