La presión de la Unión Europea para la transición energética y el net zero continúa y cada vez con más fuerza. Hace unos días Bruselas dio un 'toque' a España porque no cumplió con la normativa solicitada el año pasado de transponer a la legislación nacional la directiva sobre factores de sostenibilidad. Ahora comienza la cuenta atrás para que el Gobierno tenga que lanzar una nueva propuesta ‘verde’ que cumpla con lo indicado por la UE. Según indican desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ya están trabajando en su propuesta para presentar a la Comisión y esperan que pueda ser aprobada en los próximos días.
Según ha podido confirmar La Información, solo faltarían algunos dictámenes finales para que la propuesta se lleve al Consejo de Ministros “muy próximamente”. El dictamen que solicitó Bruselas pedía que los Estados miembros notificaran las medidas de transposición al derecho nacional de la directiva sobre los factores de sostenibilidad en un plazo que se acabó el pasado 21 de agosto de 2022. Con ocho meses de retraso el Gobierno intenta blindarse ante un posible recurso frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el que amenaza la UE.
La Comisión Europea ha dado dos meses a España para transponer a la legislación nacional la directiva, de lo contrario elevaría el caso ante este Tribunal para tomar medidas. Esta norma ha sido una de las grandes apuestas de la Comisión en ámbitos de transición. Es parte de su Plan de Acción para financiar el crecimiento 'verde' que tiene marcado como meta reorientar los flujos de capital a inversiones sostenibles. La Directiva Delegada (UE) 2021/1269 se modificó en 2021 con el fin de reforzar la integración de los factores ambientales en las obligaciones en materia de gobernanza de productos y así fortalecer sus medidas.
La Directiva Delegada
En 2019 la institución presidida por Ursula Von der Leyen, presentó el Pacto Verde Europeo que pretende transformar a la Unión Europea en una economía moderna y eficiente en el uso de los recursos, además de competitiva. El pacto busca garantizar que se dejen de producir emisiones netas de gases efecto invernadero (GEI) en 2050; que el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos, y que no haya personas ni lugares que se queden atrás. Por otro lado, inició el Plan de Acción (2018) para reorientar los flujos de capital al sector sostenible con el fin de lograr un crecimiento 'verde' e inclusivo.
Este plan fomenta la demanda de los inversores ESG y para entregarle claridad a los gestores, la Comisión fijó en la Directiva todos los factores y requisitos de gobernanza que deberían tener los productos. A grandes rasgos, esta directiva nació como parte de su estrategia de financiación sostenible, y la propuso para empoderar a que los inversores minoristas de la UE se unan al camino del 'net zero'. Así, bajo esta normativa, podía asegurarse de que sus asesores financieros tuvieran en cuenta sus preferencias de sostenibilidad. Esto también tiene como objetivo canalizar aún más la inversión hacia actividades 'verdes', y para ello, pide actuar bajo los estándares de la UE, velar por que los procesos de transición se realicen de manera armoniosa, y así fortalecer la unión de Mercados de Capitales.
"Las empresas de inversión que produzcan y distribuyan instrumentos financieros deben tener en cuenta los factores de sostenibilidad en el proceso de aprobación del producto de cada instrumento financiero", se indica en el documento. Además, se destaca que los Estados miembros deben exigir que las empresas de inversión identifiquen con el suficiente nivel de detalle el mercado destinatario potencial de cada instrumento financiero: que el perfil de riesgo/retribución del instrumento financiero, los factores de sostenibilidad y el diseño sean conformes al mercado destinatario y obedezca a características que beneficien al cliente y no a un modelo empresarial.
En cuanto a la transposición, Economía debe presentar el documento donde traslada la legislación española a la sostenibilidad en productos financieros. Los 27 debían adoptar y publicar sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la directiva en agosto del año pasado. La idea era que desde noviembre de ese mismo año se implementara la normativa de manera oficial... Pero España ha sido el único país de los miembros, que todavía no ha notificado la transposición de la Directiva. Ahora solo dispone de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias.
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