Promotores de instalaciones de producción de energía renovable, gobiernos autonómicos y Ministerio para la Transición Ecológica tienen una fecha marcada en rojo en el calendario. El 25 de enero finaliza el plazo dado por el departamento que dirige Teresa Ribera para que los promotores demuestren que tienen los permisos favorables para que les sea concedido el acceso al nudo de conexión que se adjudicó en la subasta celebrada en 2020 y no se pierdan así miles de megavatios 'verdes'.
Las compañías pusieron sobre la mesa cientos de millones de euros en avales. Este procedimiento, con el que el Gobierno pretendía evitar que se especulara con los terrenos próximos a los puntos de conexión, ha resultado en un atasco burocrático sin precedentes en la administración española. Funcionarios de los distintos gobiernos autonómicos trabajan ahora contra reloj para liberar todos estos proyectos antes de que se llegue la fatídica fecha. El Gobierno aprobó en diciembre del año pasado una extensión de plazo por 9 meses adicionales para la obtención de la DIA y Ribera se ha negado a que haya otro aplazamiento.
Aquí es donde entra en juego la dispersión de competencias de la administración pública. Las empresas deben tener concedida la Declaración de Impacto Ambiental (que suele depender de las consejerías de Medio Ambiente), los permisos urbanísticos (que dependen de Urbanismo y ayuntamientos) y otras cuestiones técnicas. Hay autonomías, como Valencia, que involucran a tres consejerías distintas para autorizar estos proyectos.
Bajo este contexto, pueden perder los derechos entre 70 y 80 GW renovables si no se acelera la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental, según trasladan a La Información fuentes de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA). Transición Ecológica gestiona el trámite para proyectos de más de 50 MW, mientras que las comunidades autónomas se encargan cuando la capacidad es inferior.
19 GW eólicos
El director general de la patronal del sector fotovoltaico (UNEF), José Donoso, indica a este medio que quedan entre 20 y 40 GW pendientes de tramitar por parte del Ministerio. De su lado, desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) calculan que el sector tiene más de 19 GW en liza. "En el caso de que llegado el 25 de enero todavía haya un considerable número de proyectos que aún no han tenido respuesta, es importante adoptar medidas que permitan que ningún proyecto maduro, que no ha tenido respuesta por imposibilidad de tiempo por parte de la Administración, pueda perder el permiso de acceso", subrayan desde la patronal.
El sector eólico ha solicitado una extensión de seis meses del plazo para que la Administración termine de analizar todos los proyectos. También defiende que se revise la normativa administrativa con el fin de que se puedan gestionar "situaciones de acumulación masiva de peticiones, dando visibilidad y certidumbre a los promotores sobre la viabilidad y probabilidades de éxito de sus proyectos".
Un caso singular es el de Cataluña, donde se han vivido varios cambios de normativa que han limitado la implantación de renovables. El principal fue en 2019, cuando se quitaron las múltiples restricciones fijadas hasta entonces, y en 2021, cuando se obligó a todos los proyectos a pasar el trámite de participación pública, incluidos los que estaban ya en ese punto, reiniciando muchos procedimientos.
De esta forma, fuentes del Govern aseguran tener sobre su mesa muy pocos proyectos que caduquen el 25 de enero. Según la información pública que dispone la administración catalana, hay 1.967 MW solicitados para instalaciones fotovoltaicas, de los cuales se han autorizado 85 y rechazado 48. Del total, sólo 173 MW deben ser tramitados por el Ministerio. Para parques eólicos se han solicitado 830 MW, sin haberse autorizado ninguno.
Furor por las renovables
Un informe elaborado por Monitor Deloitte señala que el interés por el desarrollo de proyectos renovables se ha disparado, multiplicándose por siete la capacidad de acceso concedida a red en los últimos cuatros años con 145 GW. Este elevado número de proyectos, algunos de ellos inviables ambiental o económicamente, es lo que dificulta el desarrollo de los que sí cumplen con los requisitos.
Pero no todo es culpa de la Administración, sino que algunos promotores no entregan una documentación con la calidad que se requiere ni realizan trabajo de campo. El plan de España para la transición energética es uno de los más ambiciosos dentro de la Unión Europea, con la instalación de 70 GW de nuevas plantas renovables antes de 2030.
En la actualidad, hay una orden ministerial que Transición Ecológica sacó a información pública a finales de junio para convocar un concurso de capacidad de acceso en 17 nudos de la red de transporte de electricidad. En total se adjudicarán 5,8 gigavatios (GW) de capacidad a instalaciones de energía renovable y de almacenamiento. Si bien la orden no se encuentra aprobada aún, en los borradores sometidos a trámite de audiencia se preveía una puntuación favorable a aquellos proyectos que pusiesen en servicio las instalaciones en el menor plazo de tiempo posible.
Ante las expectativas generadas por dicha orden, el Gobierno ha observado "movimientos especulativos" por parte de determinados agentes que están iniciando los primeros pasos en las tramitaciones sin dar continuidad a los mismos, "con el fin de bloquear emplazamientos a otros agentes que realmente están interesados en desarrollar proyectos renovables". Y no le ha quedado más remedio que "suspender las tramitaciones de aquellos proyectos que, pretendiendo evacuar en nudos de concurso, aún no dispongan de permisos de acceso y conexión".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios