Lío burocrático

Ribera crea una división para desatascar la tramitación de proyectos renovables

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que actualmente tienen permiso de acceso y conexión a la red eléctrica de transporte 144 GW de proyectos fotovoltaicos y eólicos en diversos estados.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Ribera crea una división para desatascar la tramitación de proyectos renovables.
A. Pérez Meca / Europa Press

El Ministerio para la Transición Ecológica reacciona ante el atasco burocrático de los proyectos renovables después del lío con las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que han traído de cabeza al Gobierno central y a las comunidades autónomas en los últimos meses. El departamento que dirige Teresa Ribera ha creado la División de Proyectos de Energía Eléctrica mediante la Orden TED/189/2023, de 21 de febrero, que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

El texto subraya que, bajo el contexto actual de despliegue de energías renovables, se "hace necesario un refuerzo de los recursos administrativos dedicados a este tipo de procedimientos". "Para dar repuesta a los desafíos que implican este proceso y al crecimiento exponencial de proyectos renovables es necesario contar con las estructuras organizativas y con los recursos humanos necesarios para tramitar los proyectos que están en marcha en su aspecto sustantivo", resalta.

Desde el Ejecutivo, que afirman que la nueva división "no supondrá incremento del gasto público", aseguran que en estos momentos tienen permiso de acceso y conexión a la red eléctrica de transporte 144 gigavatios (GW) de proyectos fotovoltaicos y eólicos en diversos estados de tramitación. Para situar esta cifra, hay que recordar que ya hay 45 GW eólicos y fotovoltaicos en funcionamiento y que el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para estas tecnologías en 2030 se sitúa en los 90 GW. Además, estos permisos de acceso se transforman a su vez en un "ingente número de proyectos". Solo en la Administración General del Estado (AGE), que tramita los proyectos de más de 50 MW o que afectan a dos o más comunidades autónomas, hay actualmente 990 proyectos, con una potencia total de 83 GW, en diferentes estados de tramitación.

"Este volumen de proyectos asociados a la transición ecológica ha desbordado a todos los organismos que participan en alguna fase de la tramitación de los proyectos, lo que ha generado importantes retrasos en los tiempos de tramitación y, paradójicamente, que el ritmo de la potencia renovable que entra en servicio cada año se haya ralentizado", explica la orden ministerial publicada en el BOE.

Unidad administrativa específica

En este sentido, Transición Ecológica plantea la necesidad de disponer de una unidad administrativa específica, con personal funcionario, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, que permita acelerar la tramitación de proyectos renovables y contribuir en el corto plazo a una mitigación de los precios de la energía. "Esta unidad también será responsable de la autorización de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica competencia de la AGE, al ser el procedimiento de autorización común con el de las instalaciones de generación de energía renovable y por ser estas instalaciones de la red de transporte y distribución también críticas para posibilitar el desarrollo de las energías renovables en nuestro país", matiza el texto.

La Administración se ha visto obligada a pegar una acelerón en la tramitación de los informes medioambientales para que miles de megavatios 'verdes' no perdieran los permisos de acceso y conexión a la red que se adjudicaron en 2020. Ahora, el siguiente paso que tienen que solventar los promotores de los proyectos renovables será conseguir la autorización administrativa previa, con fecha tope el 25 de abril. Esta concede el derecho a realizar una instalación concreta y en unas determinadas condiciones. Posteriormente, con otros tres meses de margen, hasta el 25 de julio, deberán obtener la autorización administrativa de construcción.

Fuentes del sector consultadas por este medio aseguran que estos dos pasos son "bastante salvables" y que no supondrán un gran caos como ha sido la obtención de la evaluación de impacto ambiental. Las mismas fuentes indican que lo complicado vendrá con la autorización administrativa de explotación definitiva. Esta se puede alargar hasta el 25 de junio de 2025 como máximo, pero desde el sector advierten de que aquí es donde se producirá el "verdadero cuello de botella". Red Eléctrica tarda en la actualidad entre cinco y seis meses en otorgar la autorización de explotación, por lo que los parques fotovoltaicos y eólicos deberán estar ya construidos para finales de 2024 para entrar en plazo. Este último requisito es el que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación. 

El plazo necesario para la construcción de una instalación fotovoltaica se sitúa en el entorno de los 18 meses, mientras que para una instalación eólica este plazo se incrementa hasta los 24 meses. Por su parte, a nivel europeo, también se está trabajando en vías para acelerar la tramitación de proyectos a través de la revisión de la actual directiva de renovables o del reciente Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo de 22 de diciembre de 2022 por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables.

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