Estrategia marcada por el CSD

El fútbol se plantea entrenar por grupos en dos semanas y volver a jugar en junio

Reunión CSD, Liga y RFEF
Reunión CSD, Liga y RFEF
EFE

El fútbol da el impulso definitivo para preparar su regreso. Las partes implicadas tienen claro que quieren acabar la temporada que se quedó a medias por la crisis del coronavirus. Aunque en lo que no coinciden es en el cómo. Por eso, el 30 de abril se producirá la reunión definitiva que marcará los planes con el Consejo Superior de Deportes (CSD), para que se retome la competición, con el marco de fondo del plan de desescalada anunciado por el Gobierno. Sobre la mesa ya hay una propuesta clara, que pasa por retomar los entrenamientos en grupo de los clubes profesionales entre el 11 y el 18 de mayo, como ha podido saber La Información. El objetivo final se daría casi a finales de junio, con el reinicio de la competición y los partidos de Primera y Segunda División. Lo que se produciría tres meses después de la suspensión del torneo y coincidiría con el inicio de la "nueva normalidad" que afronta el país tras la excepcionalidad por la pandemia.

Estas fechas, que corresponden a una propuesta del CSD, están acompañadas de unas obligaciones sanitarias en tiempo y forma. El primer paso para los equipos es el de entrenar en grupos de máximo cuatro jugadores, que tendrían que estar separados entre sí por dos metros. Para ello, se permitiría el desplazamiento a los campos del personal mínimo necesario. Aunque en el documento interno de la institución dirigida por Irene Lozano que recoge todos estos datos -al que ha tenido acceso este diario- no se define cuántas personas serían necesarias para esta toma de contacto. Esta situación se enmarcaría dentro de la Fase 1 del bautizado como Plan para la Transición hacia una nueva normalidad, que además contempla la apertura de los centros de alto rendimiento.

El segundo escenario se visualizaría en torno al 25 de mayo. Desde entonces, se daría permiso para aumentar el contacto entre los futbolistas a un nivel medio, una vez ya han permanecido en contacto y se sabrá si hay algunos con posibles síntomas del virus. Este punto será muy importante, ya que será el que muestre si se puede continuar con el plan a nivel general o hay que repensarlo si hay un brote en un club o en varios. En total, hay unos 1.500 deportistas profesionales (entre la suma de jugadores de fútbol y baloncesto, a los que también se les aplicará esta estrategia) a los que se vigilará en estos primeros días. Y como en la semana previa a esta, solo podrá estar en contacto con ellos un equipo mínimo entre técnicos deportivos y personal de seguridad.

Cuando pasen entre una y dos semanas desde el segundo paso, se dará el tercero y definitivo. Que es el que implica el contacto alto entre los profesionales y quienes trabajan con ellos en los entrenamientos. El CSD marca en su propuesta que esto se lleve a cabo bajo "protocolos reforzados" marcados por Sanidad y las comunidades autónomas. Algo que se concreta en la desinfección de instalaciones y material, la realización de test a los jugadores, la distancia de seguridad y los controles de acceso a los emplazamientos en los que se realizará esta preparación. Será aquí también cuando comience la orientación hacia la "normalización de las retransmisiones en televisión". Lo que se prevé que empiece a suceder entrado ya el mes de junio. 

Las discrepancias

En el encuentro de este jueves por la mañana convocado de manera telemática se sentarán varios actores, entre los que destacan el Consejo Superior de Deportes (CSD), LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el sindicato de futbolistas AFE. Será allí donde se diseñarán los plazos para la preparación de los jugadores, que ya acumulan mes y medio de inactividad. Posteriormente, se definirá la fórmula para disputar las jornadas que restan durante los meses que han quedado libres por el aplazamiento de la Eurocopa. Lo único claro por el momento es que ese regreso a los estadios para jugar lo que queda de Liga se hará a puerta cerrada. No habrá público bajo ningún concepto. Lo que es un ejemplo de esa "nueva normalidad" tras el desconfinamiento de la que lleva semanas avisando el Gobierno. 

El punto más importante del orden del día previsto para la cita de este 'Grupo de Tareas para el impulso del Deporte' es el que recoge la discusión sobre el borrador del protocolo sanitario que guiará la reanudación de los entrenamientos y los partidos. Un documento que cuenta con aportaciones del CSD y de este mismo grupo de trabajo, y que necesitará el aval imprescindible de Sanidad para que se pueda aplicar. Esta cuestión es la que más desencuentros y polémicas ha provocado, al no haber acuerdo sobre qué sería lo más adecuado para que se disputaran todos los partidos pendientes sin que hubiera riesgo para los jugadores. El tiempo mínimo que debe pasar entre un choque y otro, los horarios a elegir o las condiciones climatológicas forman parte de esas disensiones.

Por ejemplo, LaLiga que preside Javier Tebas propuso que solo pasaran 48 horas entre competición y competición, mientras que la AFE que lidera David Aganzo abogaba por obligar a que el mínimo fuese de 72 horas. Una fórmula a la que se adhirió la Federación de Luis Rubiales, y que implica que deban pasar tres días entre partido y partido. Tanto los jugadores como sus técnicos también se han pronunciado, rechazando que se les hagan a ellos test cuando hay otros grupos de población que no tienen acceso a los mismos. Además, han advertido del riesgo de lesiones si vuelven a jugar sin contar con una preparación mínima que dure, al menos, cinco semanas. 

Aún así, la distancia entre las tres instituciones que gobiernan el fútbol no ha hecho más que crecer en las últimas semanas. Choques que intentó reconducir la presidenta del CSD, Irene Lozano, que ha logrado impulsar una leve reconciliación con la creación de la Fundación Deporte España Global. Una institución que permite tanto a LaLiga como a la RFEF tener más ingresos extra por los derechos audiovisuales de fútbol. Pero cuyo nacimiento está envuelto en polémica por la posible inconstitucionalidad de algunos privilegios que se le concedieron en un real decreto de medidas urgentes por el coronavirus. 

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