Los asesores jurídicos que trabajan para el Real Madrid en el conflicto que le enfrenta a LaLiga por el acuerdo al que ha llegado con el fondo CVC para financiar a institución con 2.700 millones de euros, tienen sobre la mesa la opción de presentar una querella contra el presidente del organismo, Javier Tebas, por apropiación indebida y administración desleal, por entender que la operación mercantil que ha planteado supone de facto el “traslado” de más del 10% de los derechos audiovisuales del fútbol al nuevo inversor mediante la creación de “una estructura artificiosa que sortea la norma que dice que esos derechos son propiedad de los clubes”. De admitirse a trámite en el juzgado, el proceso penal conllevaría la petición de medidas cautelares para paralizar la operación hasta que se pronuncie el tribunal y se aclare si el negocio de Tebas es con los derechos de los clubes o “solo con las expectativas de negocio comercial que ofrecen esos derechos, cuya gestión está en manos de LaLiga.
Este mismo jueves se celebra una asamblea clave con los representantes de los 42 clubes de LaLiga en la que tendrán que analizar la operación y votar si se lleva a cabo o no. Lo que Tebas plantea a sus socios es la opción de tener 2.700 millones de euros de CVC para prestarles (con lo que aumenta su nivel de endeudamiento) a cambio de pagar cada año al fondo el equivalente al 10% de los ingresos por derechos audiovisuales, en un trato a más de 40 años. Desde el Real Madrid y el Barcelona, los dos mayores generadores de ingresos de LaLiga con esos derechos de ‘broadcasting’, han mostrado ya su oposición a la operación, por entender que se trata de “camuflar como un gasto de explotación ordinario lo que en realidad es una operación de trading con unos derechos económicos que no son de su propiedad, sino de los 42 clubes actuales de LaLiga y de los futuros que lleguen a este nivel”.
El problema estriba en que, si se considera que tras la operación hay una enajenación de derechos reales en favor de CVC, al acuerdo en el seno de LaLiga se debería hacer por unanimidad, cosa que no parece posible ahora. Pero si se considera que es parte de la labor de comercialización que hace la patronal del fútbol, a través de una sociedad instrumental (LaLiga Impulso), el acuerdo puede adoptarse este mismo jueves con una mayoría reforzada de dos tercios de los socios, “casi como en una comunidad de vecinos”, advierten las fuentes jurídicas consultadas.
La opción de acudir a la vía penal, la más grave de cuántas ofrece el Derecho para dilucidar conflictos jurídicos, con medidas cautelares, se considera el camino más contundente para frenar un proceso que Tebas ha planteado en plenas vacaciones de agosto para que se ratifique de la forma más rápida posible, un día antes de que empiece la competición liguera este mismo viernes. Junto a la apropiación indebida, desde el club blanco se contempla el delito de administración desleal, por entender que, si se trataba de sacar el máximo dinero posible de esta operación, en lugar de llegar a un acuerdo rápido con el inversor, “se debería haber ido al mercado en subasta a intentar maximizar el valor de los derechos”.
¿Dónde está el CSD?
Mientras que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha salido en tromba contra el acuerdo de Javier Tebas -su eterno enemigo- y CVC, una de las grandes incógnitas que los expertos jurídicos de este deporte advierten es la falta de postura del Consejo Superior de Deportes (CSD), antes de que sea demasiado tarde para evitar un desenlace no deseado. Fuentes políticas cercanas al organismo que ahora preside José Manuel Franco han mostrado, extraoficialmente, su preocupación por el hecho de que el acuerdo financiero con el fondo perjudica de manera grave a los dos grandes clubes de LaLiga (Real Madrid y Barcelona) por aumentar de forma automática su nivel de endeudamiento, que ya está al límite de lo permitido.
A la espera de lo que se decida en la asamblea de los clubes este jueves, una de las cuestiones clave que debe aclarar el CSD y que preocupan desde el punto de vista jurídico es cómo queda en el acuerdo con CVC su papel legal como órgano supervisor de LaLiga. Desde el organismo que preside Tebas se asegura que el acuerdo alcanzado con el fondo cumple con todas las reglas de transparencia que marca la normativa comercial, el real decreto-ley 5/2015 que regula las atribuciones de la institución y la Ley del Deporte. Otra cosa es -recuerdan las fuentes legales consultadas- que esa estructura legal le permita “vaciar los activos de LaLiga”, si se entiende como tal la operación marcada.
Pendientes del CSD, la Federación de preside Luis Rubiales ha advertido que una de las cuestiones importantes por las que rechazan el acuerdo con el fondo de inversión es “la ruptura del modelo del fútbol europeo”, en alusión clara a que se trata de un deporte supervisado siempre por algún órgano administrativo para evitar desmanes financieros que lo desvirtúen por completo con la venta de los derechos audiovisuales. Desde el punto de vista legal, los técnicos consultados cercanos a la Federación recuerdan que, hasta ahora, el CSD tiene la atribución de ejercer como árbitro en ese tipo de conflictos, y “si a esa join-venture se le saca de esa legalidad, se puede estar rompiendo el modelo del fútbol europeo”.
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